El juicio por un caso de abuso sexual agravado hacia una adolescente de quince años de la localidad de Chasquivil puso en evidencia una problemática social que afecta a los pueblos a alta montaña de nuestra provincia: los repetidos ataques sexuales contra las niñas de esas comunidades en los que, además, se da una alta tasa de alumbramiento de las víctimas. El rol de la Justicia para contribuir a la visibilización y erradicación de esa problemática se hizo patente en la resolución emitida recientemente por los Magistrados de la Sala III de la Cámara Penal. El fallo firmado por los Vocales Rafael Macoritto, Dante Ibáñez y Alejandra Balcázar -Vocal de la Sala V, que en esta oportunidad integró este Tribunal- refleja una doble perspectiva. Por un lado, a partir de una profunda mirada de género, además de haber resuelto una condena de trece años para los imputados, dispone que el Ejecutivo Provincial deberá garantizar asistencia integral a la víctima, de modo que la joven reciba asistencia psicológica gratuita y una beca para finalizar sus estudios secundarios. Por otro, desde un enfoque de Acceso a Justicia, ha ordenado que el Ejecutivo Provincial inicie campañas de educación y concientización sobre protocolos de prevención en esta comunidad de alta montaña. Se trata así de un fallo que resuelve el caso penal y garantiza una reparación para la joven, pero también logra trascender la coyuntura y dispone medidas tendientes a mejorar las condiciones de vida de toda una comunidad.

En agosto de 2016, una joven de quince años fue abusada sexualmente por dos hombres distintos -uno de ellos su tío-, con una diferencia de apenas tres días entre un ataque y otro. Como consecuencia, la menor quedó embarazada y dio a luz. En ese contexto de extrema vulnerabilidad, y debido también a las amenazas por parte de sus agresores, la adolescente tuvo que abandonar los estudios secundarios. Los ataques, además, provocaron una profunda huella en su salud psíquica. Las dificultades de la víctima quedaron en evidencia durante el tiempo que duró el proceso: aunque se la había aconsejado tratamiento psicológico, la adolescente no pudo completarlo, debido a su estado de fragilidad. La abogada querellante - Dra. María Dolores Remis-, había planteado que la víctima estaba atravesada por una triple vulnerabilidad: por su condición de mujer, por su minoría de edad y por su situación económica desfavorable.

Durante el debate, y al momento de la resolución, todas estas situaciones fueron contempladas. Entre los párrafos más salientes, la sentencia considera de forma integral las consecuencias que el abuso desencadenó en la joven: “Ella no esperaba ser dañada por estos sujetos (…). Resultó embarazada y ello le implicó ser madre a una edad muy prematura, en un contexto de violencia y humillación, cortándose inclusive otras posibilidades de desarrollo y superación de saber: estudio, trabajo y educación, ya que, a partir de ser madre, tuvo otras responsabilidades adicionales en su vida”. Por ello, el tribunal emitió un fallo que no solo condena a los autores del abuso, sino que avanza hacia la reparación de la víctima y una mejor calidad de vida para ella y su comunidad.

En síntesis, el fallo resuelve una condena de trece años de prisión para los agresores, y avanza hacia la protección integral de la joven víctima y su comunidad. El Poder Ejecutivo de la Provincia deberá arbitrar los medios para garantizar a la víctima la asistencia gratuita y permanente, una beca escolar para finalizar los estudios secundarios, como así también, a través del Ministerio de Desarrollo Social, habrá de organizar campañas de educación y concientización.