En el marco de una causa por tentativa de robo, la Justicia emitió una resolución integral al ordenar la intervención del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) para brindar asistencia técnica y abordaje terapéutico a la madre del imputado, quien se encuentra en situación de consumo. El fallo fue emitido por el Dr. Federico Moeykens, del Juzgado Penal de Niñas, Niños y Adolescentes del Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital, luego de escuchar en audiencia el crudo relato de la progenitora del joven, por lo que decidió extender el alcance de la intervención estatal más allá del imputado. Esta medida responde directamente a la crisis del rol materno manifestada por la mujer, quien expresó su imposibilidad de acompañar a su hijo en las situaciones de la vida diaria, debido a la falta de herramientas para enfrentar los efectos del consumo de sustancias psicoactivas.

La decisión judicial hizo enfoque en la justicia restaurativa y el acceso efectivo a la tutela judicial, y se cimentó en un andamiaje jurídico internacional y nacional, priorizando el mandato de la Convención sobre los Derechos del Niño, específicamente en su artículo 18, que obliga al Estado a prestar la asistencia adecuada a los padres para el desempeño de sus funciones de crianza. Asimismo, la resolución se ajusta a los lineamientos de la Ley 26.061 de Protección Integral y las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. Bajo esta perspectiva, el magistrado entendió que "el restablecimiento de los derechos del adolescente es inseparable del fortalecimiento de su centro de vida y de su entorno familiar primario, reconociendo que no se puede exigir un cuidado efectivo si el Estado no proporciona primero el soporte psicológico y psicoeducativo necesario a los responsables de dicha guarda".

En lo que respecta a la situación procesal del joven, se dispuso la suspensión del juicio a prueba por el término de un año, periodo durante el cual deberá cumplir con reglas de conducta que incluyen la finalización de su escolaridad y la realización de tareas comunitarias en una Fundación. Además de la asistencia a la madre, se ordenó la intervención de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAyF) y la continuidad del tratamiento del joven en el Centro de Adicciones del Hospital Avellaneda. Con este abordaje interdisciplinario, la sentencia busca no solo dar una respuesta al conflicto penal, sino atacar las causas estructurales de la problemática, garantizando el interés superior del niño mediante el empoderamiento de su núcleo familiar.