El Centro de Mediación Judicial dependiente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán participó del Segundo Congreso Latinoamericano de Justicia Restaurativa, en el que mostró el plan piloto de justicia penal restaurativa en casos de personas menores de edad en conflicto con la ley penal, que está llevando adelante en forma conjunta con el Juzgado en lo Penal de Menores de la IIª Nominación.

El congreso fue realizado en forma remota entre el 30 de junio y el 3 de julio pasados, y la modalidad de la presentación fue un video del que tomaron parte, en representación del Centro de Mediación su Directora, Dra. Edith Claudia Montoya; su Vicedirector, Dr. Ignacio Noble; y la funcionaria a cargo del Área Penal, Dra. Julieta Giunta; además del Juez de Menores de la IIª Nominación, Dr. Federico Moeykens; y de la Dra. María Dolores Suárez Larrabure, mediadora del registro.

En la exposición, los participantes relatan cómo está funcionando la experiencia piloto, que comenzó en febrero del 2019 y dentro de la cual ya se tramitaron 14 procesos de mediación en causas con personas menores de edad acusadas de delitos. 

Se trata de un plan cuya filosofía de abordaje del conflicto penal busca discernir quién ha resultado dañado dentro del conflicto penal; cuáles son las necesidades de esa persona; y quién es el que tiene que atender esas necesidades a través de la responsabilización por el hecho cometido y a través de una debida reparación (ya sea económica, moral, o a través de una acción comunitaria, por ejemplo). Sus objetivos son poner fin al conflicto penal, evitar que el joven imputado sea privado de su libertad durante el proceso, atender a las necesidades e intereses de la víctima, siempre garantizando un trato digno a todos los participantes y buscando efectos positivos en general.

Desde el Centro de Mediación Judicial destacaron, además, que el plan piloto se ajusta a los estándares en materia de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia tanto dentro de la legislación argentina como de las convenciones internacionales de derechos humanos en la materia.

El congreso estuvo organizado en forma conjunta por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, la Defensoría General de Lomas de Zamora, el Consejo Superior de la Judicatura de Colombia y la Defensoría del Pueblo de Colombia.