La posibilidad de pagar una indemnización por despido en cuotas, dispuesta en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) a partir de la reciente entrada en vigencia de la Ley de Modernización Laboral, alienta el incumplimiento por parte de los empleadores y le otorga un trato desigual y discriminatorio al trabajador despedido. Así lo consideró el titular del Juzgado del Trabajo de la Iª Nominación del Centro Judicial Capital, Dr. Carlos Frascarolo, quien en un juicio laboral declaró la inconstitucionalidad del artículo de la LCT que prevé esa modalidad de pago y ordenó a una firma demandada que cancele su deuda en un solo pago.
En la sentencia, el magistrado realizó un análisis pormenorizado del nuevo mecanismo de cancelación en cuotas de créditos laborales, incluido en el párrafo incorporado al artículo 277 de la LCT a partir del artículo 56 de la Ley N° 27.802 (llamada de Modernización Laboral), normativa sancionada este año que reforma distintos institutos de la legislación laboral. Según su criterio, la norma analizada vulnera derechos, principios y garantías consagrados por los artículos 14 bis (principio protectorio del salario), 16 (derecho a la igualdad) y 17 (derecho a la propiedad) de la Constitución Nacional. Además, el juez consideró que permitir la cancelación de una indemnización por despido en cuotas contradice incluso disposiciones establecidas en la propia Ley de Contrato de Trabajo, la cual garantiza el pago íntegro y en tiempo y forma de dicha deuda.
“Esta nueva norma bajo examen resulta incompatible con el principio protectorio y resulta una medida irrazonable que alienta el incumplimiento de la ley, importando un beneficio injustificado para el demandado y un grave perjuicio para la trabajadora, a la que le otorga un trato desigual y discriminatorio incompatible con las garantías constitucionales”, subrayó el Dr. Frascarolo.
El caso
El fallo fue dictado en el contexto de un juicio por cobro de pesos, en el que ya se había condenado a la demandada (una empresa dedicada al comercio de calzados) a pagar a la parte actora alrededor de $ 8 millones en concepto de indemnización por despido. Mediante una presentación de su letrado apoderado, la empleadora solicitó que se le autorice cancelar el capital de la condena mediante un plan de pago en doce cuotas mensuales y consecutivas. En su pedido, invocó lo establecido en el artículo 277 de la LCT, modificado por el artículo 56 de la Ley de Modernización Laboral. Alegó estar incluida en el segmento de las MiPyME (Micro, Pequeña y Mediana Empresa) y estar atravesando una delicada situación financiera a partir de la crisis económica estructural que atraviesa el país y, específicamente, el rubro de comercio de calzados.
La actora, por su parte, solicitó que se rechace la petición y que se declare la inconstitucionalidad del artículo 277, por considerarlo contrario a diversos artículos de la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.
El Dr. Frascarolo dio la razón a los argumentos esgrimidos por la empleada despedida, por lo cual declaró la inconstitucionalidad del párrafo agregado al artículo 277 de la LCT a partir de la reforma laboral. Por un lado, afirmó que la demandada no acreditó debidamente en el expediente ni su condición de MiPyME ni estar atravesando una situación económica que justifique el pago en cuotas solicitado. Por otra parte, expuso una serie de fundamentos a partir de los cuales justificó la declaración de inconstitucionalidad de la normativa controvertida.
Según el juez, al estar firme la sentencia que reconoce el crédito a favor de la trabajadora, aquél ya integra el patrimonio de ésta; de esta manera, se encuentra amparado por el derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Carta Magna nacional. “La posibilidad de que el deudor pueda imponer unilateralmente su pago fraccionado obligaría a la acreedora, contra su voluntad, a permanecer privada de la disponibilidad íntegra de un crédito que ya le ha sido reconocido judicialmente”, aseveró y, en el mismo sentido, consideró que la posibilidad de diferir el pago también viola el principio protectorio consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, ya que la indemnización en discusión tiene naturaleza laboral y alimentaria. “El mecanismo previsto por la norma termina trasladando a la trabajadora las consecuencias económicas del transcurso del tiempo y, en los hechos, la coloca en la situación de financiar en contra de su voluntad al empleador condenado”, manifestó.
Otro argumento con el que el magistrado justificó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 277 de la LCT es que éste vulnera el principio de igualdad (artículo 16 de la Constitución Nacional). “Coloca en una situación más favorable al empleador que incumplió su obligación y obligó a la trabajadora a recurrir a la vía judicial (...). Quien cumple voluntariamente sus obligaciones no cuenta con tal posibilidad, mientras quien incumple y resulta condenado puede obtener, como consecuencia del proceso, una facilidad de pago que no tenía con anterioridad”, remarcó el Dr. Frascarolo.

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