En el Salón de Actos del Palacio de Tribunales, este martes dio inicio el curso de posgrado "Inteligencia Artificial y Sentencia Judicial", organizado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La apertura estuvo a cargo de la señora Vocal Dra. Claudia Sbdar. Expresó:

 "Es un verdadero honor y una gran satisfacción darles la bienvenida en nombre de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán al inicio del curso de posgrado “Inteligencia Artificial y Sentencia Judicial” organizado conjuntamente por esta Corte y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Nos reunimos hoy magistrados, relatores y funcionarios que colaboran, día a día, en una de las responsabilidades cívicas más delicadas que una sociedad republicana puede encomendar: el acto de juzgar. Decidir sobre la libertad, el patrimonio, el honor y los derechos de las personas mediante una decisión fundada.

Nadie ignora el contexto en el que nos encontramos. La justicia contemporánea enfrenta tensiones por todos conocidas: litigiosidad en ascenso, urgencias ciudadanas que no admiten dilaciones y el desafío constante de ofrecer una respuesta en un plazo razonable. En ese horizonte, la irrupción de la inteligencia artificial no representa una simple novedad informática; es una transformación profunda en las formas de producir, organizar y acceder al conocimiento.

Para nuestra labor jurisdiccional, la IA ofrece un potencial valioso y legítimo. Puede auxiliarnos en tareas complejas y agotadoras: ordenar volúmenes documentales colosales, clasificar antecedentes, transcribir audiencias y facilitar búsquedas normativas. Su incorporación como asistencia técnica no debe ser resistida por mero temor o inercia; bien empleada, puede despejar la carga mecánica de nuestros despachos para devolvernos aquello que nunca debemos perder: tiempo para pensar, deliberar y profundizar en lo humano de cada causa.

Sin embargo, precisamente porque conocemos la gravitación de nuestra investidura, debemos formular con absoluta claridad el límite ético e institucional: la inteligencia artificial puede asistir y reforzar la tarea judicial, pero bajo ninguna circunstancia puede sustituir el criterio del juez ni violentar el debido proceso.

La justificación de una sentencia no es un cálculo de probabilidades estadísticas ni una secuencia de frases lingüísticamente armónicas. Como bien se analizará a lo largo de este curso, los modelos de lenguaje operan a menudo como verdaderas “calculadoras de palabras”: identifican regularidades textuales y producen respuestas verosímiles. Pero un texto elocuente y fluido no es sinónimo de una decisión jurídicamente fundada. La máquina no comprende la tragedia de un conflicto, ignora el dolor o la zozobra de las partes y desconoce el compromiso cívico que entraña la verdad procesal.

El debido proceso exige que quien resuelve sea un juez natural e independiente, capaz de valorar la prueba en su singularidad, de sopesar argumentos contradictorios y de dar razones explícitas de por qué una norma se aplica a un hecho concreto. Cuando un operador judicial delega acríticamente en un algoritmo la síntesis de una pretensión, la jerarquización de la prueba o la selección de la jurisprudencia, el debido proceso empieza a fisurarse. Porque el riesgo ético más severo de la IA no reside en que se equivoque de manera burda; reside en que puede fallar con una apariencia impecable de profesionalismo y orden.

Esto nos conduce al núcleo ético de la función jurisdiccional y al hilo conductor de las próximas ocho semanas: el valor de la firma.

La firma en una providencia o en una sentencia es el acto en el que un ser humano juez o jueza asume la responsabilidad pública de lo decidido. No es un trámite formal al final de una cadena de producción. Firmar significa responder. Significa que el juez debe estar en condiciones de reconstruir cada una de las fuentes citadas, explicar el razonamiento adoptado, verificar que los fundamentos se correspondan fielmente con las constancias de la causa y hacerse cargo de cualquier omisión. Si no podemos explicar cómo y por qué se arribó a una conclusión porque descansamos en una caja negra algorítmica, hemos abdicado de nuestra función constitucional.

En línea con estas ideas, en una decisión de marzo de este año el Superior Tribunal de Justicia del Chubut sostuvo que la Inteligencia Artificial “debe ser entendida como una herramienta de apoyo y nunca como una fuente autónoma de decisión, y la responsabilidad final sobre los fundamentos de una sentencia siempre recae en el magistrado que la suscribe”.

El auténtico deber judicial respecto de la IA consiste en ejercer un control humano significativo. Gobernar la herramienta, comprender sus sesgos, auditar sus resultados y subordinarla siempre a las garantías fundamentales, a la transparencia y a la dignidad humana.

Para finalizar, traigo a colación las palabras del Papa León 14 quien en la Encíclica “Magnifica Humanitas” nos advierte que “La tecnología puede curar, conectar, educar, cuidar la Casa común; pero también puede dividir, descartar, generar nuevas injusticias. En abstracto, esta, en sí misma, no es una solución a los problemas de la humanidad, como tampoco es un mal en sí; pero, concretamente, no es neutral, porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula, la utiliza”.

Agradezco profundamente su compromiso con esta instancia de formación y los invito a transitar este espacio no solo como una actualización profesional, sino como una contribución activa a la preservación y legitimidad del Estado de derecho constitucional.

Muchas gracias."