En el marco de una política de modernización y fortalecimiento del servicio de Justicia, la Corte impulsó la creación de la Oficina de Abordajes Técnicos Especializados, que reorganiza los servicios psicosociales, médicos y técnicos de 23 oficinas. Con este modelo se busca la transformación de estos servicios para que puedan superar los desafíos estructurales históricos y garantizar una tutela judicial más eficiente y cercana a la ciudadanía.

La creación de la Oficina de Abordajes Técnicos Especializados del Poder Judicial de Tucumán -a través de la Acordada Nº 646/2026- constituye un paso significativo en la evolución institucional y en el fortalecimiento del servicio de justicia. A partir de la implementación del primer Gabinete Psicosocial, formalizado en 1978, el crecimiento de la Institución y las transformaciones sociales y jurídicas ampliaron la complejidad de las situaciones que requieren intervención especializada. La diversidad de demandas hizo necesario avanzar hacia una organización capaz de integrar conocimientos, coordinar esfuerzos y ofrecer respuestas acordes con los desafíos actuales.

Al respecto, la Directora designada, Lic. María Pía Ferro, enfatizó que "integrar no significa homogeneizar todas las prácticas, significa construir un marco común que fortalezca las especialidades y permita que cada una aporte mejor al servicio de justicia". Asimismo, en cuanto a la premisa fundamental de la nueva gestión, aseguró que consiste en "organizar el conocimiento técnico especializado del Poder Judicial para que se traduzca en mejores respuestas judiciales y en una tutela más efectiva de los derechos de las personas".

La nueva oficina reúne a 23 dependencias técnicas provinciales, organizadas en cuatro áreas de especialidad, Vínculos, Familias e Infancias; Multifuero Interdisciplinario; Violencia y Gestión Integral del Riesgo, y área Penal. Esta estructura busca fortalecer la articulación entre equipos, unificar criterios de intervención, optimizar la distribución de recursos y promover herramientas comunes de planificación, registro y evaluación. El propósito es consolidar un modelo de trabajo más integrado, interdisciplinario y eficiente, que preserve la especificidad de cada área y, al mismo tiempo, favorezca una mirada integral de las situaciones que llegan a la Justicia.

Este proceso también plantea desafíos como acompañar a los equipos en la transición, construir acuerdos de trabajo, fortalecer la formación continua y desarrollar indicadores que permitan evaluar y mejorar las intervenciones. Asimismo, la Lic. Ferro sostuvo que el éxito de la nueva organización no se medirá únicamente en términos de productividad métrica, sino en el impacto real sobre la sociedad. "El beneficio final no debe medirse únicamente por la cantidad de informes producidos o por la reducción de los tiempos de gestión. También importa la pertinencia de las intervenciones, el respeto de los derechos, la calidad de la información aportada a los órganos jurisdiccionales y la experiencia de las personas que reciben la atención", concluyó.

La creación de la Oficina no representa solamente una reorganización administrativa, sino también una oportunidad para reconocer la trayectoria construida durante décadas y proyectarla hacia el futuro, con una gestión basada en la cooperación, el conocimiento técnico y el compromiso institucional. El objetivo final apunta a contribuir a una justicia más articulada, accesible y preparada para responder a las necesidades de la sociedad tucumana.