Se realizó ayer una Audiencia en relación al Habeas Corpus Correctivo por la situación carcelaria de la provincia en la que se expusieron los proyectos edilicios de construcción de una nueva cárcel y mejoras en el penal de Villa Urquiza.

Participaron de la Audiencia por parte del Poder Judicial,  el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Daniel Posse,  la Vocal  Dra. Claudia Sbdar y el Ministro Público Fiscal, Dr. Edmundo Jimenez. Por parte del Poder Ejecutivo, la titular de Fiscalía de Estado, Dra. Eleonora Rodríguez Campos, el Ministro de Seguridad, Claudio Maley y la Secretaria de Derechos Humanos, Dra. Erica Brunotto. La presentación de los planos y proyecto de obras estuvo a cargo del Dr. Nieva y la Arq. Fernanda Bidegorry del Ministerio de Seguridad.

Por un lado se presentó un proyecto de solución a largo plazo, que estaría en su etapa inicial,  la construcción de una unidad penal en la localidad de Benjamín Paz. El segundo informe consistió en el estado de avance de las obras y refacciones en el penal de Villa Urquiza donde, según lo informado,  próximamente se inauguraría una escuela y un primer módulo de un total de tres. Dicho módulo estaba previsto que se inaugure en 2018.

Teniendo en cuenta esta nueva situación, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia consultaron acerca de los plazos de ejecución. Al respecto, el Poder Ejecutivo informó que para la ejecución de la obra definitiva estima un plazo total de 8 años a realizarse en etapas, mientras que para la ejecución de las reformas en Villa Urquiza calcularía un plazo final de 2 años, también ésta última, a realizarse en etapas.

Por otra parte, fueron consultados acerca de la puesta en funcionamiento de la Comisión Provincial de Prevención contra la Tortura y Tratos Crueles. La Fiscal de Estado respondió que ya estaban definidos los integrantes por parte del Poder Ejecutivo pero que se encontraban trabajando en una modificación en la reglamentación necesaria para completar los integrantes.

Por último, el Ministro Público Fiscal sugirió que se establezca un mecanismo para diferenciar a las personas privadas de libertad -en cuanto al estado de las penas que se encuentran cumpliendo- con el fin de planificar mejor las mejoras carcelarias.