De cara al cierre de este año de trabajo, la Presidenta del Colegio de Jueces y Juezas en lo Penal del Centro Judicial Capital –Dra. Fanny Siriani– realizó un balance donde reflexiona sobre las actividades y desafíos llevados adelante por los magistrados y las magistradas que integran ese Colegio:

“Al encontrarnos próximos a la finalización de un nuevo año, y en virtud de la labor que me fue encomendada por mis compañeras y compañeros, me permito realizar un balance sobre las experiencias y desafíos que el año judicial 2022 ha significado para el Colegio de Juezas y Jueces Penales del Centro Judicial Capital.

Cada una de las personas que integra el Colegio de Juezas y Jueces Penales y comparte la visión de un Poder Judicial que brinde a la comunidad una respuesta adecuada y oportuna a sus planteos, con un proceso rápido, accesible, ejecutado por personal idóneo y con vocación de servicio, que permita garantizar a toda la comunidad el acceso a la justicia y especial a los grupos vulnerables. Todas estas aspiraciones, a través de proceso transparente y sustentado en principio éticos.

 

Para cumplir este cometido, se implementó a partir del año 2020 el nuevo Código Procesal Penal, y con él, el proceso penal Adversarial en el Centro Judicial Capital y Monteros (ya se encontraba vigente en el Centro Judicial de Concepción desde 2019).

El año 2022, ha significado, un año de afianzamiento del nuevo sistema acusatorio, pero además fue un nuevo año de aprendizaje y experiencias.

Mi principal conclusión en este balance, es que el capital humano que asumió el desafío y responsabilidad de la implementación del nuevo proceso penal, se encuentra absolutamente comprometido con su función. Y con esta afirmación, no me refiero sólo a las juezas y jueces, sino también a las personas que trabajan en la Oficina de Gestión de Audiencias, a los y las asistentes de doctrina y jurisprudencia que nos acompañan, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Pupilar y de la Defensa, como así también a  los miembros de cada una de las oficinas que dependen de la CSJT.

Cada persona, desde su lugar, ha demostrado que la aspiración de brindar un servicio de justicia de excelencia, es una meta común.

El trabajo del Colegio de Jueces y Juezas, que inició la implementación del nuevo sistema con muy pocos miembros, permitió demostrar a partir de las primeras estadísticas comparativas con el proceso anterior, los excelentes resultados de la oralidad plena: la significativa disminución de los plazos procesales en todas las instancias, la posibilidad de obtener salidas alternativas beneficiosas para las personas perjudicadas por delitos, la visibilización y respuesta oportuna a flagelos sociales como la violencia de género, etc. Esto fue posible a través de audiencias públicas, (en su mayoría por medios virtuales modalidad implementada a partir de la pandemia de covid 19).

Otra valoración auspiciosa de este año laboral, es que la designación de nuevos juezas y jueces permitió ampliar la capacidad de trabajo del Colegio, (a pesar de que aún no cuenta con la totalidad de los miembros previstos por ley) las estadísticas que miden la cantidad de planteos resueltos a partir de salidas alternativas y juicios orales, reafirman el éxito rotundo de este nuevo proceso.

Pero al hablar de balances y conclusiones, quiero referirme no sólo a estadísticas y números, sino a las personas.

En definitiva, el servicio de justicia existe para resolver conflictos que surgen de la convivencia de los miembros en nuestra sociedad, cuando los ciudadanos no pueden resolver estos problemas por sus propios medios.

Durante este año 2022, fueron cada vez más las personas que obtuvieron una respuesta oportuna a su conflicto.

Los operadores de este nuevo sistema, hemos evolucionado en esta nueva forma de trabajo que nos permite comunicarnos directamente entre las personas que representan un interés en particular en el marco de un conflicto.  Escuchar de su propia voz, inquietudes, aspiraciones y expectativas de las víctimas, imputados y abogadas y abogados, permite la humanización de la resolución. Hablamos de personas, de historias de vida, ya no de expedientes.

Entre tantos juicios que se han celebrado a lo largo de este año, la mayoría de sentencias fueron de declaración de responsabilidad y sentencias de condena, pero muchas de ellas fueron de absolución.

Seguramente muchos no estarán satisfechos con las sentencias de absolución, pero en realidad la posibilidad de que una persona sometida a una acusación sea absuelta, significa el mayor y más transparente indicador de la eficacia del sistema.

En efecto, no se trata de condenar a personas para obtener la simpatía de los ciudadanos, sino de garantizar la plena vigencia del estado de derecho.

Nuestra Nación ha sufrido durante mucho tiempo, el abuso del poder y del terrorismo de estado, la muerte y el horror de la violación de nuestros derechos humanos. Por eso, una sentencia de absolución, no hace otra cosa que reflejar la adultez de nuestra sociedad en general y de nuestro Poder Judicial en particular, que asumió el compromiso ante el mundo y ante su comunidad de respetar los derechos y garantías convencionales y constitucionales de cada uno de los miembros de la comunidad.

En este balance, no puedo dejar de referirme al más reciente desafío del año 2022, la implementación de la Ley de Narcomenudeo.

La provincia de Tucumán, como nuestro país y el mundo, sufre las consecuencias de la problemática de la venta y consumo de estupefacientes. La adicción a las drogas afecta la salud de las personas y en nuestro medio, muchísimos jóvenes se han vinculado al sistema penal cometiendo delitos, como consecuencia de su adicción a las drogas.

Con la implementación de la ley de narcomenudeo se aspira a investigar, juzgar y combatir la venta de drogas en pequeñas dosis para consumo, porque es la forma en que las personas adictas acceden fácilmente a los estupefacientes.

El Colegio de Jueces se ha preparado y continúa capacitándose. Estamos comprometidos con este desafío y una vez más dispuestos a abordar esta problemática desde nuestro lugar, para aportar a la mejora de la convivencia y a la plena vigencia del estado de derecho.

Ninguna de las tareas descriptas como logros del fuero penal, puede realizarse en soledad. Cada una de las personas ya referidas trabaja con empeño, pero no puedo dejar de mencionar al del Sr. Presidente y de cada uno de los miembros de la CSJT, quienes tienen a su cargo la muy difícil tarea de dirigir a este Poder del Estado, con el enorme esfuerzo que significa la implementación de las políticas, recursos y medios necesarios para adaptar los procesos a las necesidades sociales actuales. Los resultados están a la vista. A todos ellos, mi mayor reconocimiento y agradecimiento .

Finalmente, y para concluir este balance, quiero expresar mi deseo de bienestar para las personas de mi provincia, augurando de que el 2023 sea un año de progreso, en todos los sentidos”.