Palabras de la Sra. Vocal, Doctora Claudia Sbdar, con motivo de la Conmemoración del Día Internacional de la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres

 

“Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que nada nos sujete. Que la libertad sea nuestra propia sustancia"

 Simone de Beauvoir

 

En el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres”, establecido en el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Bogotá (Colombia) en julio de 1981 y declarado como tal por las Naciones Unidas, la Sra. Vocal de la Corte Suprema de Justicia, Dra. Claudia Sbdar, convoca a los y las trabajadores y trabajadoras  judiciales a redoblar los esfuerzos que demanda la situación actual para la erradicación de esta gravísima problemática.

Se trata de un fenómeno complejo y multicausal que debe abordarse con un enfoque integral, transversal e interdisciplinario que comprenda los nuevos tipos y modalidades de violencia que se han ido visibilizando en los últimos años. La violencia de género afecta gravemente a mujeres y personas LGBTIQ (siglas que designan al colectivo compuesto por lesbianas, gays, transgéneros, transexuales, bisexuales, intersexuales y queer) y se produce cuando sufren algún tipo de discriminación, agresión, hostigamiento o degradación por su identidad de género, expresión de género u orientación sexual. El esfuerzo debe estar puesto en aumentar y perfeccionar la capacidad de respuesta del servicio de justicia a toda persona que atraviese una situación de violencia.

La transversalización de la perspectiva de género debe ser el paradigma desde el cual diseñar políticas públicas judiciales en esta problemática; ello implica un liderazgo comprometido con la atención a la violencia de género; la disposición de recursos humanos e infraestructura para trabajar en acciones concretas que analicen indicadores sobre la problemática y diseñen acciones institucionales para su abordaje; y un enfoque diferencial de derechos que favorezca a las mujeres y personas en estado de vulnerabilidad en razón del género.

En este día, y aun cuando los femicidios a nivel nacional y provincial no han bajado, es oportuno compartir los resultados alcanzados en el Poder Judicial de Tucumán, trabajando para la consolidación de la perspectiva de género.

La OVD, en estos dos años de pandemia lleva atendidas aproximadamente doce mil personas víctimas de violencia que se acercaron a las distintas OVDs para realizar su denuncia. Estas oficinas, que funcionan en cinco puntos de la provincia, resultan un logro importantísimo que implicó materializar el derecho de acceso a justicia al instalar en los distintos centros judiciales y un juzgado de paz este servicio fundamental que, de a poco, van abriendo turnos y ampliando sus horarios de atención. Actualmente se cuenta con la OVD de San Miguel de Tucumán, Banda del Río Salí, Trancas, Concepción y Monteros, que realizan atención presencial o bien mediante videollamadas a través de varias líneas telefónicas habilitadas a tal fin. Desde su creación hasta la fecha han realizado más de 56.674 atenciones.

También, a modo ilustrativo la Oficina de la Mujer durante los dos últimos años realizó más de 40 actividades en materia de formación de trabajadores y trabajadoras del estado y público en general en perspectiva de género y violencia de género, con más de 451 asistentes en las capacitaciones llevadas a cabo sobre la “Ley Micaela” (ley 27.499). A la vez realiza actividades de investigación, registro de datos sobre femicidios y seguimiento de las medidas procesales dictadas por los órganos jurisdiccionales para verificar su cumplimiento y aconsejar nuevas intervenciones cuando resulte pertinente.

Las actividades descriptas, y las que se planifican realizar a corto, mediano y largo plazo, forman parte de la mencionada transversalización de la política pública en materia de incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial, contribuyendo a la labor diaria realizada por magistradas y magistrados, funcionarios y funcionarias y empleados y empleadas para convivir en una sociedad basada en el derecho a la igualdad y no discriminación.