Este martes, en el Salón Bernardo de Monteagudo de la Corte, se llevó a cabo una reunión interinstitucional para concluir el proceso que coordina la Oficina de Derechos Humanos y Justicia de la Corte para la creación de un protocolo de trabajo para los casos en que niños, niñas y adolescentes (NNyA) intervengan en el proceso penal. Este documento fue realizado junto a Jueces y Juezas especializados para NNyA del Colegio de Jueces, representantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Pupilar y de la Defensa, de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) y del Ministerio de Desarrollo Social.

La elaboración del Protocolo interinstitucional fue encomendada por la Corte Suprema de Justicia a la Oficina de Derechos Humanos a partir de la Acordada 856/2021, donde se puso en evidencia la necesidad de crear un instrumento que unifique los criterios institucionales de los organismos que intervienen en el proceso penal juvenil, a fin de respetar los principios y garantías específicos de este régimen.

De la reunión participaron funcionarios de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia, los jueces especializados Ana María Iacono, Federico R. Moeykens y Marcos Nuñez Campero; Laura Giusti y Juan Pablo Sáenz Gil, de la Secretaría Judicial del MPF; Mariana Saín, María del Carmen Veiga y la Defensora Lorena Arquez, por el MPD; Ezequiel Rengel, Belén Mibelli y Elvira Zerdan, de la OGA Capital; Eliana Galera, Subdirectora de Adolescencia en Conflicto con la Ley Penal, Elisa Nazur, Subdirectora de Promoción y Protección Integral de la Familia y Lea Chocobares, Coordinadora de la Dirección de Juventud —todas de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia—.

El documento presentado refleja los acuerdos y articulaciones logrados entre todos los actores mencionados, con el objetivo de adecuar su intervención al funcionamiento del nuevo sistema penal vigente.

En tal sentido, resulta imprescindible normativizar los criterios con los que se lleva adelante el trabajo con los adolescentes que atraviesan un proceso penal, tanto en las instancias de audiencias preliminares como en la determinación de la responsabilidad penal, la aplicación de medidas socioeducativas, y el debate sobre la pena.