protocolo interinstitucional para atención de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual infantil o violencia.

El protocolo interinstitucional para atención de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual infantil o violencia, es el resultado de un largo camino que venimos recorriendo jueces y funcionarios del Poder Judicial de Tucumán desde hace unos años. Lo primero que llamó fuertemente la atención, allá por el año 2008, fue que la Cámara Gesell estuviere ubicada junto a los calabozos en la sede del Fuero Penal. La protección de los derechos y el acceso a justicia de los menores víctimas de delitos sexuales demandaba, entre muchas otras cosas, de un espacio físico adecuado para la declaración testimonial que los contuviera y resguardara. La Cámara Gesell fue reubicada. Seguidamente se abrió un proceso de reflexión sobre cuestiones del procedimiento, respecto de las cuales cual había múltiples inquietudes entre los operadores judiciales intervinientes, sobre las que resultaba conveniente trabajar. A partir de allí organizamos un grupo de trabajo, conformado por Jueces y Juezas, Fiscales/las, Defensores/as y Funcionarios/as judiciales, que se reunió periódicamente. La dinámica innovadora de esas reuniones impuso la necesidad de que se incorporaran también los otros sectores del Estado involucrados en la problemática de los menores víctimas o testigos de abuso sexual infantil o violencia, y entonces empezamos a trabajar con las áreas de Seguridad, Salud, Educación y Desarrollo Social del Poder Ejecutivo. Cada uno de los Ministros de esas áreas, Dr. Mario López Herrera, Dr. Pablo Yedlin, Prof. Silvia Rojkes de Temkin y Prof. Beatriz Mirkin, comprometidos con la temática, designaron funcionarios/as representantes que se incorporaron al grupo.

En este proceso hemos contado con el permanente apoyo técnico de UNICEF y ADC (Asociación de Derechos Civiles) quienes donaron los equipos de Cámara Gesell para los Centro Judicial de Concepción y Monteros. Con esos organismos organizamos el pasado mes de febrero un curso de capacitación de 70hs. que estuvo a cargo del Dr. Tony Butler, Director de la Child Protection Development Trust (Fundación para el Desarrollo de la Protección de Niños) destinado a los psicólogos forenses, sobre las técnicas para la realización de entrevistas videograbadas con el uso de un equipo de circuito cerrado, que fue donado por esa misma fundación y que se ha instalado actualmente en el Centro Judicial Capital. Dicho equipo tiene, entre otras ventajas, la posibilidad de funcionar de modo fijo con cámaras y micrófonos instalados en la sala o ser trasladado a otros lugares, lo que permite proteger la integridad física y emocional de las víctimas al momento de la entrevista de declaración testimonial, y a su vez posibilita resguardar el derecho de defensa del imputado que puede presenciar la entrevista sin tener ningún contacto con el NNyA.

El trabajo de magistrados y funcionarios junto a miembros del Poder Ejecutivo Provincial, realizado durante los años 2009/2010, se formalizó mediante Acordada de la CSJT 669/2011, por la que se conformó institucionalmente un grupo de trabajo local con el objetivo de trabajar interinstitucionalmente en la elaboración de un protocolo de actuación en los casos con menores víctimas y testigos de delitos contra la integridad sexual. Ello implicó la realización de reuniones de trabajo para analizar y revisar el funcionamiento del sistema y los procedimientos vigentes en los casos mencionados. Contar con un documento que contenga reglas prácticas como lo es un Protocolo no constituye sólo una compaginación de acciones deseables, sino que establece un modo de trabajo comprometido con una atención integral a la víctima que permita reducir el sufrimiento que implica para el NNyA atravesar un proceso judicial. Se trata de procedimientos estandarizados que evitan la repetición de exámenes médicos o declaraciones, así como la superposición de prácticas que resultan perjudiciales para la salud psicofísica del NNyA, y que pueden vulnerar nuevamente su privacidad e intimidad, reiterando el trauma.

Sin duda, este trabajo interinstitucional sobre la base de las experiencias propias de cada sector ha enriquecido el proceso de intercambio y elaboración conjunta. Se identificaron algunos ejes problemáticos sobre los que debió trabajar cada área y construir acuerdos mutuos, llegando a este documento que hoy presentamos y que pretendemos ponerlo en práctica para evaluar su impacto en el tratamiento de las referidas causas, con la intención de reformular todo lo que resulte necesario para mejorar la calidad de servicio brindada en pos de la protección de los NNyA.

El documento consta de un apartado general que contiene directivas mínimas para todos los sectores, y luego especificaciones para cada sector: Fiscalías de Instrucción, Defensorías de Menores, Oficina de Violencia Doméstica, médicos/as forenses, profesionales psicólogos/as, sector sanitario, policial y educativo.

Este trabajo se inscribe en la política Judicial de acceso a justicia que esta Corte viene abordando y desarrollando con acciones en diversas áreas. Expresa un modo de efectivizar los derechos reconocidos y garantizados por las convenciones internacionales y la legislación nacional y provincial vigente contra la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. No podría haberse logrado sin la participación activa, coordinada y comprometida de los Magistrados y Magistradas, Funcionarios/as y Agentes que toman contacto con las víctimas cada día, brindándoles con profesionalidad, la contención y orientación necesaria y que ellas merecen.

A todas estas personas, muchas gracias.

Dra. Claudia Beatriz Sbdar