La Oficina de Atención a las Víctimas de Delitos (OAVD) de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán realizó una intervención en la localidad de Anfama para concretar una Entrevista de Declaración Testimonial (EDT). El trabajo permitió salvar las barreras geográficas y tecnológicas que impedían la declaración, asegurando que la persona convocada pudiera ejercer sus derechos pese a las dificultades de acceso que se fueron presentando.

El procedimiento incluyó la evaluación de las condiciones de la persona convocada, el contacto previo para explicar la modalidad de la entrevista y la verificación de posibles adaptaciones -ajustes físicos u otros requerimientos- para que la declaración pudiera realizarse sin obstáculos.

La distancia entre San Miguel de Tucumán y Anfama es de aproximadamente 139 kilómetros -unas dos horas y veinte minutos de viaje-, con un trayecto que combina rutas asfaltadas y caminos de tierra de alta montaña.

En un primer momento se intentaron contactos telefónicos y videollamadas, pero la limitada conectividad de la zona, sumada a las necesidades de la persona entrevistada, impidió que la declaración pudiera concretarse de manera remota. Por ello, la presencia física del equipo resultó indispensable.

En este contexto, desde la Oficina se destacó la necesidad de desplegar todo el esfuerzo institucional para que el testimonio pudiera recibirse en condiciones adecuadas, evitando las barreras geográficas y técnicas, y garantizando un acompañamiento directo en un proceso de especial sensibilidad.

El operativo estuvo a cargo de un integrante del equipo técnico de la OAVD y se concretó gracias a la articulación con el Área Operativa del SIPROSA del Ministerio de Salud. “Sin ese estrecho lazo interinstitucional, no se podría haber llegado y tampoco existía la posibilidad de que la persona entrevistada se trasladara hasta nuestra oficina”, explicó Augusto Sosa Padilla, psicólogo de la OAVD.

La visita fue recibida con entusiasmo por la comunidad, que valoró la llegada del Poder Judicial a un territorio donde las instituciones del Estado suelen presentarse con dificultad. Se destacó también el rol del CAPS y de la escuela como referencias locales, así como la disposición de actores comunitarios y judiciales para sostener un trabajo en red.

La coordinadora de la OAVD, Lic. Laura Suárez, sostuvo: “Estas intervenciones representan el acceso a la justicia no como una declaración abstracta, sino como una práctica concreta que acerca al Estado a poblaciones aisladas y vulnerables”. Y agregó: “Nuestra misión no se limita a la contención y orientación en sede judicial, también implica garantizar que las personas que atraviesan estas situaciones puedan ejercer sus derechos sin que las barreras geográficas sean un obstáculo insalvable”.

La intervención en Anfama se suma a las distintas acciones que la OAVD desarrolla para acompañar a las personas que declaran y asegurar el acceso a la justicia en todo el territorio. Como parte de esta tarea, se proyecta profundizar la labor conjunta con los Juzgados de Paz, piezas fundamentales en la red provincial.