El pasado 6 de mayo se cumplieron dos años de implementación del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) en el Centro Judicial de Concepción. El segundo año estuvo marcado principalmente por los desafíos que plantearon a la labor del Colegio de Jueces y de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) tanto el particular escenario que provocó la pandemia de Covid-19 como el lanzamiento del expediente digital en todo el Poder Judicial de Tucumán. A eso se sumó, además, la aplicación del sistema adversarial penal en el Centro Judicial de Monteros, cuyo fuero penal entró dentro de la órbita de los organismos mencionados anteriormente. En ese escenario, sin embargo, se registraron cifras aún mejores que las de 2019, reafirmando las ventajas que el nuevo sistema penal genera para un adecuado acceso a una tutela judicial efectiva: la cantidad de horas de audiencias prácticamente se duplicó, mientras que el tiempo promedio de resolución de causas bajó de 127 días a 122.

En sus primeros dos años bajo el sistema adversarial, el Centro Judicial de Concepción y Monteros realizó más de 8500 audiencias, de las cuales 4800 fueron remotas. En Monteros, que comenzó a implementar el nuevo sistema en septiembre de 2020, las 213 audiencias fueron llevadas a cabo bajo modalidad online. El Presidente del Colegio de Jueces de los Centros Judiciales de Concepción y Monteros (CJCyM), Dr. Fabián Rojas, destacó la celeridad con la que el órgano colegiado reaccionó para adecuar el trabajo a la modalidad remota luego de que el Gobierno Nacional ordenara el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) el 20 de marzo de 2020. "Coordinando el trabajo con la OGA, los Ministerios Públicos, el Colegio de Abogados del Sur y la Policía de Tucumán, logramos desarrollar la logística necesaria para responder a las restricciones que nos planteaban las medidas sanitarias establecidas ante la pandemia. Así, el mismo lunes 23 de marzo realizamos la primera audiencia remota y, hasta el 31 de marzo de 2021 ya se llevaron a cabo 4613 audiencias en esta modalidad sólo en Concepción", afirmó.

El titular del órgano colegiado remarcó que la adecuación al trabajo remoto de parte de magistrados, funcionarios, empleados y demás operadores de justicia no sólo permitió sobrellevar las circunstancias específicas de la pandemia, sino que permitió incluso mejorar los indicadores obtenidos el año anterior. "Una vez que los jueces y demás actores del sistema penal fueron adquiriendo las tecnologías y habilidades propias para el teletrabajo, se pudo inclusive llegar a superar en número y en tiempo la cantidad de audiencias en relación a 2019. Esto también se debió a que a medida que avanza el desarrollo y la implementación del nuevo sistema penal, la complejidad de las audiencias va en aumento. Así, durante 2020 las horas de trabajo de jueces y empleados aumentó en un 89% respecto del año anterior: es decir, casi el doble", destacó.

Respuesta en plazo razonable

La vigencia del nuevo CPPT en el CJCyM trajo aparejada además una considerable disminución en el tiempo promedio de resolución de las causas. A partir de mayo de 2019, una causa requirió en promedio 122 días para ser resuelta. Esta cifra supera incluso los 127 días promedio que se habían computado sólo durante el primer año de implementación del sistema adversarial. "Se acortaron notablemente los plazos que existían en el antiguo código procesal. De esta manera, se respeta la garantía que tiene todo ciudadano a obtener de parte del Poder Judicial una respuesta satisfactoria a sus intereses dentro de un plazo razonable", manifestó el Dr. Rojas.

La disminución en la duración de los procesos trajo aparejada una reducción en los plazos de las prisiones preventivas. En Concepción se otorgó el 86% de las prisiones preventivas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal en audiencias, y las medidas tuvieron una duración promedio de 50 días. En Monteros, en tanto, se aceptó el 92% de estos pedidos y la duración promedio de las medidas fue de 97 días. "Es lógico pensar que al reducirse los plazos de duración del proceso penal, se vean reducidos los de las prisiones preventivas. El objetivo que debe perseguirse, es que dentro de un plazo razonable se dicte una sentencia definitiva que ponga fin al estado de incertidumbre que genera un delito tanto para la víctima como para el acusado", apuntó el magistrado.

El Colegio de Jueces del CJCyM monitorea constantemente el funcionamiento del sistema adversarial, con el fin de dictar normas de práctica judicial en casos que sea necesario perfeccionar el servicio de justicia. Con esa finalidad, se reúne todas las semanas y analiza las situaciones concretas que se van generando con la implementación de las nuevas normas procesales tanto en el plano general como en particular, en cada audiencia. "La finalidad es realizar las modificaciones prácticas que ayuden a optimizar los beneficios del nuevo Código, que son la transparencia, la oralidad, la celeridad, la participación efectiva de víctimas y la solución definitiva de los conflictos penales dentro de plazos razonables", manifestó el titular del cuerpo.