La señora vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, doctora Claudia Sbdar, tuvo a su cargo la conferencia inaugural de las Primeras Jornadas de Derecho Bancario del Noroeste del Banco de la Nación Argentina que se están llevando a cabo en el salón Abasto del Hotel Hilton de esta provincia.

La doctora Sbdar efectuó un análisis pormenorizado de la oralidad en la provincia que tuvo como punto de partida la dimensión constitucional del proceso y el acceso a la jurisdicción como derecho a la tutela efectiva y oportuna de los derechos, y pilar fundamental del estado de derecho y de la vida en democracia, que, a su turno, demanda la sujeción incondicional a las reglas del debido proceso.

 

Puso énfasis en la función hermenéutica que cumplen los principios procesales, en particular los que informan el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia vigente desde noviembre de 2022.

 

Trazó una línea entre el proceso en su dimensión constitucional, el rol o función de los principios en todas las ramas del derecho, con especial énfasis en el derecho constitucional y luego en el procesal, ocupándose sustancialmente de la oralidad como factor eficiente para la tutela judicial efectiva y su implementación en Tucumán. Explicó que el análisis procesal efectuado de modo circular se encuentra atravesado por el derecho constitucional y, por ende, es de derecho procesal constitucional.

 

Sostuvo que la jurisdicción, como función pública, se encuentra estructurada principalmente en los principios de publicidad, independencia e imparcialidad. Destacó el informe de este año realizado por la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite.

 

Para concluir, recordó el "Decálogo Iberoamericano para una justicia de calidad" cuando expresa que el grado de democracia de una nación se mide en gran parte por la expansión efectiva de los derechos de las personas y su justiciabilidad, señalando que de ese modo se puede garantizar la seguridad jurídica, una de las responsabilidades fundamentales de todo Estado Democrático de Derecho.