Este viernes 30 de octubre comenzará a funcionar la Oficina de Gestión Asociada Provincial de Procesos de Violencia Familiar, creada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para fortalecer y unificar la respuesta judicial ante situaciones de violencia familiar en toda la provincia. La nueva oficina contará con presencia en los cuatro centros judiciales y combinará la atención territorial con equipos de trabajo de alcance provincial. De esta manera, buscará mejorar la coordinación entre las distintas sedes, optimizar la organización de las tareas y brindar un servicio de justicia más especializado a las personas afectadas por estas situaciones.

La puesta en marcha será progresiva durante las próximas tres semanas: este viernes comenzará en los Centros Judiciales Capital y Monteros; el jueves 5 de noviembre se incorporará el Centro Judicial del Este; y el jueves 19 de noviembre comenzará a funcionar en el Centro Judicial de Concepción.

Uno de los principales cambios que generará la nueva estructura será la posibilidad de distribuir y coordinar tareas entre equipos de distintos centros judiciales. Así, funcionarios y empleados podrán colaborar, desde sus respectivas sedes, en la tramitación de causas correspondientes a otras jurisdicciones, de acuerdo con la organización del servicio. Este modelo permitirá establecer criterios de trabajo comunes, profundizar la especialización y distribuir las tareas según las necesidades del conjunto de la provincia. Al mismo tiempo, mantendrá la presencia territorial necesaria para atender las particularidades de cada centro judicial.

La iniciativa se enmarca en el proceso de modernización del modelo de gestión asociada que impulsa la Corte y busca fortalecer la organización del servicio judicial en una materia que requiere respuestas oportunas, eficaces y especializadas.

Una estructura pensada para fortalecer la protección

En los fundamentos de la Acordada N° 1027/26, la Corte recuerda que la Ley Provincial N° 7264 (de Protección contra la Violencia Familiar) establece un régimen de protección y asistencia integral para las personas afectadas. Asimismo, destaca la obligación estatal de garantizar procedimientos judiciales ágiles, urgentes, eficaces y especializados, orientados a resguardar su integridad psicofísica y reducir los riesgos derivados de situaciones de vulnerabilidad. La experiencia de la Oficina de Gestión Asociada de Procesos de Violencia Familiar del Centro Judicial Capital, que comenzó a funcionar en septiembre de 2025, permitió unificar metodologías y profundizar la especialización en la tramitación de estas causas, y se constituyó como un antecedente importante que tomó la Corte para avanzar hacia una organización de alcance provincial.

La Oficina de Gestión Asociada Provincial de Procesos de Violencia Familiar ampliará ese enfoque mediante equipos territoriales y áreas transversales que brindarán apoyo a los cuatro centros judiciales. Entre ellas se encuentran Despacho Urgente, Comunicaciones, Control de Ejecución y Guardia Provincial, que trabajarán de manera coordinada para acompañar las distintas etapas de tramitación de las causas.

Control de las medidas, un eje central del nuevo modelo

Entre las áreas de la nueva organización, la de Control de Ejecución tendrá un papel especialmente relevante, ya que estará orientada a verificar el cumplimiento efectivo de las medidas de protección dispuestas por los jueces. Su intervención comprenderá el seguimiento de las notificaciones y la coordinación con los organismos públicos y las entidades privadas que deban intervenir para hacer efectivas las decisiones judiciales. Por ejemplo, cuando un juez disponga una consigna policial como medida de protección, el área se comunicará con la Policía para verificar su implementación. De esta manera, se busca fortalecer el seguimiento de las medidas ordenadas y contribuir a que las decisiones judiciales se traduzcan en acciones concretas de protección.

Con esta nueva organización, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán avanza hacia un modelo de gestión provincial que prioriza la coordinación, la especialización y el uso eficiente de los recursos, con el objetivo de fortalecer la respuesta judicial ante situaciones de violencia familiar.