Destinado a los distintos agentes de la salud pública de la provincia, se realizó esta mañana el segundo encuentro del taller “Aportes jurídicos sobre el secreto profesional, objeción de conciencia y perspectiva de género en el acceso a la salud. Fallo F.A.L de la CSJN”. Pensado como un espacio para fortalecer vínculos entre el sistema de salud y el Poder Judicial, y en virtud de promover un accionar del Estado para la efectiva protección de los derechos de las personas que necesitan atención sanitaria, el taller estuvo a cargo de las Dras. Lourdes Bascary y Laura Ciolli, titulares de la Oficina de Derechos Humanos y de la Oficina de la Mujer respectivamente, que son organismos auxiliares de la Corte Suprema de Justicia. La amplia convocatoria y la participación de los asistentes fue reflejo de la importancia de promover estas instancias de diálogo entre agentes de la Salud y especialistas del Poder Judicial, ya que se trata de espacios que permiten analizar los aspectos jurídicos implicados en la atención sanitaria y que muchas veces se presentan como situaciones de difícil resolución para los involucrados.

En el inicio, Bascary explicó que este encuentro tuvo origen a partir de dos casos de enorme complejidad sucedidos en nuestra provincia en los últimos años: el Caso Belén y el Caso Lucía. La idea fue la de aportar desde el Poder Judicial todas las herramientas que puedan servir a los agentes de la salud para un trabajo que garantice la protección de los derechos de las personas. En ese sentido, la exposición de Bascary se centró en el abordaje de distintos aspectos legales involucrados en la salud pública, en particular, el secreto profesional médico, el derecho a la confidencialidad y la objeción de conciencia. Así, se explayó en torno a las regulaciones del viejo y del nuevo código procesal penal, la ley de derechos del paciente y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de Naciones Unidas.

A partir de este repaso, Bascary esbozó algunas de las pautas sobre el secreto profesional que deben tener en cuenta los agentes sanitarios. “El secreto profesional alcanza a todos los involucrados en la atención sanitaria -explicó-, y no puede ser flexibilizado ni siquiera cuando hay presunción de que la persona atendida pueda haber cometido un delito”. En relación a la objeción de conciencia, la especialista explicó que se trata de una institución que busca amparar el derecho que tenemos las personas a ejercer libertad de conciencia. En torno a ello, expuso el marco legal que pone límites a esta institución. “Para un funcionario público, el límite es el derecho de la persona, en este caso el paciente, de recibir asistencia sanitaria por parte del Estado, lo que ha sido establecido por la CSJN en el conocido Fallo F.A.L”, puntualizó.

A su turno, Ciolli abordó la importancia y el alcance del concepto de género, y cómo esta perspectiva se torna urgente en innumerables situaciones de la salud pública. En principio, la especialista estableció una distinción entre la expresión género como concepto -lo que refiere a una construcción cultural, histórica y social, una relación desigual de poder entre hombres y mujeres-, y la noción de género como categoría de análisis -lo que implica una herramienta que permite analizar las relaciones entre varones y mujeres, identificando las desigualdades sociales que se producen sobre la base de una diferencia biológica y que establece una desigualdad social-. “Es en este sentido -explicó- que necesitamos de una mirada de género, porque es lo que nos permite atender y resolver las problemáticas que se nos presentan en relación a las personas que llegan buscando nuestra ayuda”.

Durante su exposición, Ciolli también abordó las cuestiones legales en torno al género, para lo que expuso conceptos de la Constitución Nacional y de los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. “Se trata de legislaciones que han sido sancionadas hace mucho tiempo, ya en la década del 80, pero es hace muy poco que el tema y la problemática han logrado visibilizarse”, señaló. A partir del conocimiento de la legislación, dijo Ciolli, será posible ir reconociendo las ideas sobre la mujer que tenemos naturalizadas, y que es necesario modificar desde el Estado.