Cerca de un millón de dólares no reclamados por acreedores en un proceso de quiebra serán destinados a la compra de computadoras y otros artefactos informáticos para equipar a 67 escuelas públicas de distintos niveles educativos. Así lo determinó el Dr. Pedro Yane Mana, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la Iª Nominación del Centro Judicial Capital, quien destacó que los fondos serán utilizados en “un plan de desarrollo estructural e inclusión digital” que contribuirá a disminuir la brecha digital en el territorio provincial. El dinero será administrado por el Ministerio de Educación de la Provincia, al que se le solicitó la elaboración de un proyecto específico para garantizar una inversión eficiente en el fomento de la educación.

La decisión fue tomada en el marco del juicio de quiebra de una compañía azucarera, y se funda en lo establecido en el Artículo N° 224 de la Ley de Concursos y Quiebras (N° 24.522). Dicha norma indica que los acreedores pierden el derecho a cobrar el dinero que se les adjudica dentro de la distribución final una vez que transcurre un año calendario desde la fecha de la aprobación de la citada distribución. Y que, cumplido ese plazo, la Justicia debe declarar la caducidad de los fondos no reclamados y destinarlos al “fomento de la educación común”.

Luego de citar doctrina y jurisprudencia pertinente para el caso, en los fundamentos de su sentencia el Dr. Yane Mana ponderó el valor social que se encuentra implícito en la letra del artículo aplicado. “La resolución que aquí se dicta no debe entenderse como un mero trámite administrativo de transferencia bancaria, sino como un acto de justicia distributiva que reafirma la función social del derecho”, manifestó el magistrado, quien agregó: “El proceso falencial, nacido históricamente como una herramienta de persecución del deudor, se ha transformado en un mecanismo de gestión de crisis que debe mirar más allá de los intereses particulares para atender el bienestar general”.

“Al destinar casi un millón de dólares a la adquisición de hardware de última generación y valijas adaptativas, se permite que los fondos caducos se conviertan ahora en un multiplicador de conocimiento para miles de estudiantes tucumanos”, destacó el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de la Iª Nominación.

Proyecto de inversión

En el mencionado proceso, la quiebra fue declarada concluida en febrero del 2025, quedando alrededor de USD 995.000 en dividendos para ser percibidos por distintos acreedores. Una vez cumplido el plazo legal y habiéndose presentado sólo un acreedor, en marzo del 2026 el magistrado declaró la caducidad de los USD 991.536,36 que no habían sido reclamados. Al tratarse de un monto elevado, el Dr. Yane Mana consideró que, para garantizar que el dinero sea invertido de una forma eficiente, era necesario elaborar un plan detallado para su uso. Por ello, en el mismo acto informó sobre la existencia de esos fondos al Ministerio de Educación de la Provincia y le solicitó que elabore un proyecto de inversión específico orientado al fomento de la tecnología aplicada a la educación obligatoria y especial en el sistema educativo provincial. 

La cartera educativa provincial presentó un proyecto que prevé la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipamiento informático en 67 escuelas públicas de la provincia de niveles primario, secundario, superior no universitario y de modalidad especial, teniendo en cuenta las necesidades, perfil pedagógico y espacio disponible de cada escuela elegida. Por ejemplo, para los establecimientos de modalidad especial se presupuestó la compra de valijas adaptativas (kits de inclusión que incluyen, por ejemplo, tablets y auriculares de cancelación auditiva), y para las escuelas de enseñanza técnica y superior, computadoras aptas para desarrollo y diseño gráfico. También está prevista la adquisición de PCs de escritorio, notebooks y routers inalámbricos.

El proyecto fue aprobado por el magistrado, quien estableció además la obligación por parte del Ministerio de Educación provincial de presentar, en un plazo de 120 días hábiles, una rendición de cuentas integral y documentada del uso de los fondos.