En el marco del II° Encuentro Nacional de Sistemas Acusatorios organizado por la Asociación de Magistrados de Tucumán, el Dr. Rafael Blanco Suarez, Master en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile, analizó los principales desafíos para lograr una efectiva implementación del sistema acusatorio en aquellos países de Latinoamérica donde está ocurriendo esta transición.

Según explicó durante la conferencia que se realizó a sala llena en el Hotel Hilton de esta ciudad, existen varios mitos y “falsas dicotomías” que obstaculizan una buena implementación de las reformas procesales. Blanco Suarez explicó que la reforma no es puramente legal sino que también es cultural y opera a nivel de un cambio organizacional importante en la administración de justicia y de expectativas por parte de los ciudadanos. Al respecto puntualizó la necesidad de generar consensos e información confiable al alcance de todos los ciudadanos.

En cuanto a las “falsas dicotomías”, se refirió a la supuesta contradicción entre “garantismo” y eficiencia. “El garantizar derechos no significa renunciar a la eficiencia. El juzgamiento en  tiempo oportuno, por ejemplo, es una garantía central”, reflexionó. También expresó que existen otras “falsas dicotomías” que se interponen en el óptimo desarrollo del sistema acusatorio.

Luego mencionó también la necesidad de generar consensos con los actores políticos, la tensión aparente entre reforma procesal penal y la seguridad pública y la necesidad de informar correctamente a la ciudadanía cada una de las etapas de los procesos, entre otros tópicos fundamentales a la hora de comprender la profundidad y alcance de la implementación de estas reformas.

Rafael Blanco Suárez es Abogado y Master  en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Graduado del curso de Litigación impartido por la Procuraduría Criminal de Estados Unidos y postitulado en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España. Ha sido profesor visitante en las universidades de Florida, Loyola-Chicago, American (Estados Unidos) y Anáhuac del Norte (México). Además ha sido Miembro del Consejo Consultivo del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, Consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, y de la Agencia de Cooperación Española, para proyectos de modernización del sistema de justicia en diversos países de América, y Consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para asistencia técnica en materia de reformas judiciales.