En el marco del II Encuentro Nacional de Sistemas Acusatorios, la Dra. Susana Chiarotti brindó una conferencia sobre los nuevos estándares jurídicos que establecidos por la Convención de Belém do Pará para analizar situaciones de violencia de género.

Susana Chiarotti es abogada y feminista, con una prolongada trayectoria internacional en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. A lo largo de su carrera, se especializó en derechos humanos, violencia contra la mujer y políticas públicas para mejorar el estatus de las mujeres. Actualmente es miembro del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará -MESECVI-, comité de la OEA que evalúa  el cumplimiento de la Convención.

En su conferencia relató su experiencia en el MESECVI y a través del análisis de distintos fallos puso en ejemplos los avances que se dieron en materia de estándares de protección y defensa de los derechos de las mujeres a partir de la efectiva implementación de la Convención.  

En este sentido explicó que la situación de mujeres y niñas víctimas de violencia no puede ser medida con los mismos estándares que otras situaciones y describió las recomendaciones generales que el MESECVI hizo en el 2018 a sus Estados Parte como sugerir que se anime a la víctima a denunciar todo el trayecto de  la violencia sufrida y no sólo el último hecho, observar que las contradicciones en la declaración no significan que la denuncia sea falsa y que no se puede esperar que del hecho en cuestión existan fotos ni testigos así, como muchas veces, no existen señales físicas. Entre las recomendaciones se encuentran también detalladas las situaciones estigmatizantes como la experiencia sexual previa de la víctima o el silencio de la misma en el relato,  ninguno de los cuales puede ser tomado como indicador en estos casos.

En diálogo con la Dirección de Comunicación Pública, la Dra. Chiarotti manifestó que los avances en materia de violencia de género fueron muy importantes pero que todavía hace falta seguir avanzando en la prevención de esta problemática. “En menos de 4 décadas contamos con leyes nacionales, tratados internacionales, servicios de atención, jurisprudencia específica, protocolos en salud, policía y servicios sociales pero no se trata solamente de atender a la víctima sino de prevenir la violencia para que no haya más víctimas” dijo la especialista.  

“El sistema de justicia debería hacer un esfuerzo más intenso para ponerse los lentes de género. Recién se está comenzando a avanzar sobre la ceguera de esta perspectiva que tienen muchos tribunales pero hay que destacar que en los últimos años se dictaron sentencias muy buenas con esta mirada.  Estamos en un contexto donde la impunidad sobre la violencia supera el 90%, es decir que de cada 100 denuncias menos de 10 llegan a sentencia. Cuando la violencia es sexual la impunidad llega al 97%, sólo el 3% de las denuncias llegan a sentencia y el 1,9% son acusatorias. Las mujeres, aunque no conozcan estas estadísticas tienen la intuición que el sistema de justicia no es totalmente receptivo, que probablemente las hará sufrir y por eso, desconfían de la justicia. Tenemos que construir un sistema de justicia que asegure que nadie inocente va a ser culpado, y al mismo tiempo, pueda dar las garantías a la víctima para determinar científicamente si realmente sufrió violencia”.

“La perspectiva de género es una categoría analítica que te permite analizar la realidad con otra mirada. No se puede estudiar derecho penal y penitenciario sin tener perspectiva de género. Menos del 10% de las mujeres son delincuentes y el 90% son varones, esto se explica gracias a la perspectiva de género que permite saber que existe un mandato social de obedecer y ser sumisa. Para mí, - la perspectiva de género- es una obligación y la ley Micaela que debe ser más trabajada, más difundida y debe comprender a todos los funcionarios del poder judicial es una medida muy importante que ojalá de acá a unos años esté totalmente implementada empezando desde la Universidad”.