Al comenzar cada año, en los distintos planos de la vida solemos trazar los objetivos para los días que vendrán. Enero y febrero se presentan como meses promisorios, cargados de deseos por cumplir y proyectos que concretar. Damos por sentado que cada cosa podría llevarse adelante medianamente según lo proyectado y que para ello, esencialmente, se necesitaba planificación y voluntad. Pero este año nos enseñó a la fuerza que, por más previsores que seamos, todo puede cambiar de un momento a otro y que, en definitiva, la clave radica en la capacidad de adaptación a los desafíos, esperados y no, que nos depara el futuro.

Aunque parezca lejano, lo dicho aquel 19 de febrero en el que realizábamos la apertura del año judicial, y a pesar de lo disímil de la coyuntura de ese momento con la actual, es válido aun hoy: somos nosotros, jueces y juezas; funcionarios y funcionarias; empleados y empleadas, el factor constitutivo y de transformación de esta institución. Todo lo realizado en estos meses de pandemia por COVID-19 da cuenta de ese postulado. La incertidumbre nos puso a prueba y fue en esas condiciones que intentamos superar cada escollo, con aciertos y errores, y con la convicción de que la creatividad es la mejor aliada para ganar la batalla a las dificultades. Buscamos responder con acciones extraordinarias a esta situación extraordinaria y atípica para todos y todas.

Desde la Corte Suprema hemos adoptado distintas medidas en aras de preservar tanto la salud de nuestro personal dependiente como la de todas aquellas personas que concurren a las diferentes unidades judiciales y, al mismo tiempo, garantizar la prestación esencial y oportuna del servicio de justicia. Ello fue llevado a cabo en sintonía con las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que el 11 de marzo declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, y de los poderes ejecutivos nacional y provincial, buscando resguardar el delicado equilibrio que debe reinar entre el mandato constitucional de prestar el servicio de Justicia y la preservación de la salud de la comunidad, de los y las agentes judiciales y de los y las auxiliares de la justicia.

El 9 de marzo, cuando aún no estaban claras las implicancias de la pandemia en el país y en nuestra provincia en particular, aprobamos el “Plan para la prevención de enfermedades por virus respiratorio”, presentado a la Corte por el Cuerpo de Peritos de Médicos. Allí comenzaron a desplegarse las primeras acciones para hacer frente a lo que vendría. Luego, declaradas la emergencia sanitaria por el Poder Ejecutivo Nacional por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia  Nº 260/2020 (B.O. 12/3/2020) y la emergencia epidemiológica por el Poder Ejecutivo Provincial en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/1 del 13 de marzo de 2020, ratificado por ley 9226, comenzamos por exhortar a los/as abogados/as, procuradores/as, peritos, etc. y a todas las partes en los juicios y a la ciudadanía en general, a concurrir lo mínimo indispensable a las dependencias de Tribunales, en todos los fueros, Centros Judiciales y Justicia de Paz; dispusimos la restricción temporal de concurrencia de público a las audiencias de juicio, suspendimos el total de las actividades de formación del Centro de Especialización y Capacitación Judicial de Tucumán, entre otras medidas. Cuando advertimos la necesidad de acentuar las acciones instrumentadas debido a la situación epidemiológica, establecimos la atención de los asuntos de urgente despacho o que por su naturaleza no admitían postergación, primero con atención presencial y, después de declarado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, con atención remota.

Fue en esta instancia cuando para todos y todas se presentó el mayor desafío: a quienes trabajamos en el ámbito del Poder Judicial, a quienes ejercen la abogacía, y a la comunidad en general que acude a los Tribunales en busca de una solución razonable y oportuna de sus conflictos. ¿Cómo responder de manera eficiente al reclamo de la sociedad que necesita pruebas contundentes y tangibles de que somos una institución que puede estar a la altura de sus expectativas, brindando la respuesta justa que ella se merece, en un contexto absolutamente incierto como el de una pandemia? En aquellos primeros meses del año nos encontrábamos transitando un proceso de cambio con la puesta en marcha de las reformas procesales. El gran reto que teníamos por delante era hacer una apropiación humanizante de la modernización, oralización y digitalización de los procesos judiciales para, tomando lo mejor que nos ofrecen las nuevas tecnologías, obtener resultados valiosos en términos cualitativos. Pero de repente, nos vimos interpelados por la coyuntura que nos exigía acelerar y profundizar el cambio de la lógica de trabajo.

En este contexto excepcional y extraordinario a nivel local, nacional y mundial, la gestión en la dirección y la labor de nuestro Poder Judicial no se detuvo. Es así que, a pesar de la adversidad y con el claro propósito de brindar un servicio de justicia digno y atento a las demandas de la comunidad, se aunaron esfuerzos que garantizaron su continuidad, lo que se vio reflejado en las distintas áreas que lo componen.

Puntualmente, a modo de síntesis ilustrativa de la gestión hasta aquí cumplida en este año, pueden señalarse los siguientes aspectos: en lo relativo a la función jurisdiccional de la Corte (área de la Secretaría Judicial), se dictaron 1.010 sentencias. En el área de Superintendencia del Tribunal se registraron 8.406 actuaciones nuevas ingresadas; se dictaron 1.340 acuerdos, 32 resoluciones y sesenta y dos 62 circulares, números estos pasibles de incrementarse hasta el efectivo cierre del año 2020. En lo que respecta al Centro de Especialización y Capacitación Judicial, se dictaron 3 posgrados destinados a agentes del Poder Judicial que posean título de abogado/a, que alcanzaron una asistencia de 223 personas; asimismo, se coordinaron 54 cursos de capacitación continua obligatoria para el personal y 68 cursos de actualización abiertos a la comunidad, con una asistencia de 3228 y 7728 personas, respectivamente. Respecto de la Dirección Técnica Ejecutiva y la Dirección de Obras Públicas, pueden destacarse igualmente, entre tantas otras, las obras de “Adecuación funcional del edificio del Fuero Penal para la implementación del nuevo Código Procesal Penal”, ejecutada y concluida en este año 2020 y la “Provisión de materiales para la adecuación del edificio Ex Comando en el Fuero Penal para el sistema conclusional de causas”. Asimismo, merece mencionarse la continuación de la obra “Anexo 3 del Centro Judicial Monteros” y la preparación de los pliegos para el llamado a licitación pública de la obra “Centro Judicial del Este”. En el marco de la pandemia por COVID-19, la Dirección Técnica Ejecutiva tuvo a su cargo, también, el diseño, elaboración, implementación y control del protocolo de bioseguridad en conjunto con el Cuerpo de Peritos Médicos; la implementación en conjunto con la Dirección de Sistemas de la Mesa de Atención Virtual; la implementación de control y desinfección en los puntos de acceso; el diseño y provisión de pantallas acrílicas para los puntos de atención al público; entre tantas otras medidas adoptadas por esta Corte para hacer frente a la propagación del coronavirus.

Desde la Oficina de Derechos Humanos, se continuó con los proyectos institucionales de “Registro de muertes bajo custodia del Estado” y el “Registro de personas privadas de la libertad”, y se brindó acompañamiento y colaboración a las oficinas jurisdiccionales en el proceso de implementación del expediente digital. Asimismo, se trabajó en el proyecto del “Sistema de ingreso democrático diferenciado destinado a la inserción laboral en el Poder Judicial para personas travestis, transexuales y transgénero” y en el proyecto de Juzgado de Paz Intercultural. La Oficina de Asistencia a Víctimas de Delito, por su parte, registró su intervención en un total de 449 legajos recibidos de la UDT y la atención a 1135 víctimas.

La perspectiva de género, que debe ser transversal al servicio de justicia, opera como norte insoslayable en la función jurisdiccional. En ese marco y en la especial coyuntura que signó este 2020, se acrecentaron los esfuerzos para que el acceso a la justicia de mujeres en condición de vulnerabilidad no se vea disminuido sino, por el contrario, fortalecido. Así las cosas, la Oficina de Violencia Doméstica amplió su atención a días y horas inhábiles, incluyendo un sistema de guardias, con modalidad presencial y remota según la dinámica del contexto, de modo de asegurar un servicio expedito las 24 horas, los 365 días del año, y se facilitaron vías de comunicación e información a través de diversos medios tecnológicos. Por su parte, la Oficina de la Mujer se abocó al dictado de diferentes talleres de formación en género, violencia y diversidad sexual con el fin de sensibilizar y concientizar a todo el personal del Poder Judicial sobre la importancia de la perspectiva de género. Se destaca en ese orden el dictado progresivo del taller en cumplimiento de la Ley Micaela.

Se instrumentó también lo relativo a la implementación del nuevo Código Procesal Penal y del expediente digital.

Con relación al primero, el nuevo Código Procesal Penal (ley Nº 8.933) se inscribe en un modelo en el que prevalece la oralidad sobre la escritura; en el que se produce la separación de la función de juzgar y la de investigar y acusar; y en el que las decisiones se toman en audiencias. Representa una nueva concepción en la administración de justicia configurada por los principios de publicidad, plazo razonable, transparencia, accesibilidad, igualdad y eficiencia, con el auxilio de las nuevas tecnologías, que procura brindar una respuesta eficiente al conflicto de carácter penal. Desde la implementación del sistema adversarial el 1º de septiembre en el Centro Judicial Capital, se registraron 4.092 solicitudes de audiencias ingresadas; 1.795 legajos con audiencias realizadas y 2.852 audiencias realizadas.

Con relación al expediente digital, el desafío que se planteó fue que durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Poder Judicial pudiera continuar trabajando remotamente sin interrumpir el servicio de justicia. En el marco del Código Civil y Comercial de la Nación que incorporó el documento y la firma electrónica; con las leyes nacionales Nº 25.506 de Firma Digital y Nº 26.685 de Expediente Electrónico Judicial; con la ley provincial Nº 8.279 que autorizó el uso del expediente digital y del documento electrónico, la clave informática simple, la firma digital, las firmas y comunicaciones electrónicas y el domicilio electrónico, la Corte encaró desde el año 2012 un proceso irreversible de digitalización, y dispuso la generación de un software de administración de expedientes (SAE). Con base en la ley provincial Nº 9.227 y por Acordada Nº 236/20 se aprobó el “Reglamento de expediente digital”, lo que marcaría el camino sin retorno hacia la efectiva despapelización del Poder Judicial. Ello así, con respecto a la actividad judicial de los distintos fueros tomando como muestra el periodo que transcurre desde el 27 de abril al 13 de diciembre del año en curso, tal sistema redundó en 32.015 expedientes ingresados; 164.920 expedientes trabajados; 2.030.930 actuaciones trabajadas; 46.914 sentencias dictadas. Se tradujo, de igual modo, en 642.990 presentaciones digitales (desde el 27/4); 5.438 presentantes digitales (desde el 27/4, de los cuales el 81% son abogados); 86.424 oficios con firma digital (desde el 01/6); 1.373.433 notificaciones a la oficina (desde el 01/6); 267.536 cédulas digitales (desde el 01/6) y 87.410 boletas de pago generadas (desde el 01/6). Por otra parte, se registraron 19.901 consultas en mesas de entradas virtuales (desde el 29/6) apostadas en los Centros Judiciales y Juzgados de Paz de mayor concurrencia, con más de 8.000 escritos presentados y un promedio de 181 consultas diarias. Asimismo, a partir de la habilitación de la plataforma Zoom con 42 salas virtuales (desde el 04/8), se registró el agendamiento de 3.514 audiencias vía remota para las oficinas jurisdiccionales no penales y no jurisdiccionales para la realización de audiencias, entrevistas y capacitaciones.

Estamos inmersos en un proyecto colectivo de progreso, de modernización y de cambio, pensado siempre como instrumental al servicio de justicia. En esa línea no puede dejar de mencionarse que el proyecto de un nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, surgido en 2016 del seno de la Comisión Interpoderes para el estudio de esa reforma, cuenta ya con dictamen favorable de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales y de Legislación General de la Legislatura provincial. Allí se prevé un proceso civil moderno, en el que los jueces y juezas son partícipes activos de un proceso de conocimiento por audiencias definido por la oralidad, publicidad, inmediación y concentración de actos procesales. Supone un sistema procesal que apunta a fortalecer las decisiones de primera instancia, minimizar la utilización de recursos y tornar ejecutable provisionalmente lo decidido, sin perder de vista la importancia de otras vías de solución de controversias. Prevé tutelas urgentes, lo que permite hablar de un sistema articulado, multipuertas y flexible. Incorpora la tecnología de la información y la comunicación con el expediente digital, que se integra con presentaciones y notificaciones electrónicas, firma digital y videograbación de audiencias. Como dijo el maestro Augusto Mario Morello en su libro "El proceso justo”, el proceso judicial debe sustanciarse y concluir sin dilaciones indebidas dentro de un plazo razonable, conforme con la naturaleza de cada una de las controversias y un orden de jerarquías según sea el linaje de los derechos y libertades a tutelar; de lo que se trata (cabalgando en los principios de economía, progresividad, saneamiento oficioso, preclusión, firmeza y seguridad jurídica) es de administrar justicia, de modo razonablemente pronto.  

No debe perderse de vista que, tal como quedó expresado en oportunidad de declararse inaugurado el año judicial 2020, todo el quehacer de este Poder Judicial debe estar al alcance de la comunidad, razón por la cual esta Corte ha venido tomando medidas concretas dirigidas a visibilizar qué estamos haciendo. En ese sentido, todas las Acordadas de la Corte y las resoluciones de Presidencia, así como lo relativo a la ejecución presupuestaria, se encuentran publicadas para su consulta en la página web del Poder Judicial. En esa línea y con idéntico fin, se realiza una amplia difusión de los actos de este Poder del Estado a través de la Dirección de Comunicación Pública.

Los Principios de Conducta Judicial de Bangalore determinan que los jueces y juezas deben aceptar restricciones personales que el ciudadano común pueda considerar gravosas y debe hacerlo de manera libre y voluntaria. Bajo esa premisa, hemos dispuesto lo necesario para que durante 2020 cada juez y jueza, cada funcionario y funcionaria y cada empleado y empleada, estén disponibles para atender a todos los habitantes con espíritu de servidores públicos en el contexto de la pandemia. Esto particularmente en asuntos que involucran derechos fundamentales de los grupos más frágiles y vulnerables de nuestra comunidad, especialmente las personas mayores y menores, y las víctimas de violencia de género.

Vaya para todos los y las agentes de nuestro Poder Judicial una sincera gratitud por su incansable esfuerzo, dedicación y profunda vocación de proveer un mejor servicio de justicia en todo momento, particularmente durante tiempos excepcionalmente arduos para la comunidad.

En palabras de la insigne jueza y jurista norteamericana Ruth Bader Ginsburg, férrea luchadora por los derechos de las mujeres, “el cambio verdadero, el cambio duradero, sucede un paso a la vez”. Así pues, esperanza saber que aun en este año tan complejo para toda la humanidad, hemos logrado dar varios y muy importantes.