En el fuero de Familia del Centro Judicial Monteros se realizó una audiencia con la participación de una persona no oyente, a quien se le facilitaron las herramientas para que pueda comprender cabalmente no solo lo que se discutía en el acto sino también la totalidad del proceso judicial del que formaba parte. Este evento es parte de un esfuerzo sostenido que lleva adelante el Juzgado de Familia y Sucesiones de esa localidad, a cargo de Mariana Rey Galindo, para proteger los derechos de quienes toman parte en un proceso y efectivizar el acceso a la Justicia.

El acto tuvo lugar el pasado viernes 21 de mayo, en el marco de una medida cautelar de protección de persona. Pese a ser una situación asidua en el Poder Judicial, esta audiencia tuvo la particularidad de que el demandado en el proceso era no oyente y, en consecuencia, no hablante. “A él le llegó una disposición –que no era de mi juzgado- en donde lo expulsaban de su casa y no tenía ningún conocimiento acerca de lo que implicaba esta orden policial porque en ese proceso no se tuvo en cuenta su condición de vulnerabilidad. Él no conocía sus derechos ni lo que estaba sucediendo y mucho menos qué podía y que no podía hacer”, explicó la magistrada.

Ante esta situación, ponderando las necesidades del caso y sus participantes, la unidad jurisdiccional trabajó en conjunto con la intérprete de lenguaje de señas del Poder Judicial, el presidente de la Asociación de Sordos, los abogados y la familia de la parte para remover los obstáculos a los que el demandando se enfrentó en la tramitación del proceso. Con énfasis en fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de esa persona, adaptaron el sistema legal para que D.R. pueda tener acceso y contacto con la ley de modo directo.

“El demandado no estaba familiarizado con el lenguaje de señas, su comunicación se basaba en el uso de señas caseras. Por eso se necesitaban dos auxiliares: un intérprete que maneje el lenguaje de señas y otro que tenga conocimientos de lenguaje de señas casero. Fue realmente un desafío y una extraordinaria experiencia. La audiencia duró más de dos horas”, contó la Dra. Rey Galindo. “Además de explicarle qué estaba sucediendo, se precisaba conocer la voluntad de este señor, que nos transmita sus peticiones, sus temores y requería mayor información. Buscábamos escucharlo y triangular las peticiones suyas y la de los profesionales que lo patrocinan”, agregó.

Asimismo, en cumplimiento de las Reglas de Brasilia –que estipulan las medidas que deben tomar los/as operadores/as judiciales ante miembros de grupos vulnerables– procuraron que esté presente en la audiencia su hermana, una persona de confianza del demandado, que además de ser un referente emocional para este, también está familiarizada con el código de señas que emplea su familia. 

En consonancia con la remoción de obstáculos vinculados a su condición, el personal del juzgado también utilizó un lenguaje claro y accesible. Adecuaron así los términos jurídicos para lograr que las partes tengan pleno entendimiento sobre lo que estaba sucediendo. “El Estado tiene la obligación de  emplear todos los recursos necesarios para lograr la tutela judicial efectiva. Hay que adecuar al máximo el proceso a las necesidades de las personas con cualquier tipo de discapacidad para garantizar su seguridad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación. Precisamente eso hicimos en esta oportunidad”, reflexionó la jueza.