En el marco de las políticas que la Corte viene llevando adelante para el fortalecimiento de la Justicia de Paz, se concretó este lunes la firma de un convenio entre este Alto Tribunal y el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), mediante el cual el IPV cederá en comodato un inmueble destinado al funcionamiento del Juzgado de Paz de la localidad de El Bracho, departamento Cruz Alta. Dicho acuerdo fue rubricado por el Presidente de la Corte -Dr. Daniel Leiva- y el interventor del Instituto, Arq. Hugo Cabral, quienes estuvieron acompañados por el Vocal Dr. Daniel Posse y la señora Vocal Dra. Eleonora Rodríguez Campos. Asimismo, el acto contó con la presencia de funcionarios de la Superintendencia de Justicia de Paz y de la Corte, Darío Monteros -Ministro del Interior de la Provincia-, Eloy del Pino -Subinterventor del Instituto-, Franco Ale Lossi -Comisionado Comunal de El Bracho y El Cevilar-, y Matías Barrionuevo y María Elena Aparicio -ambos funcionarios del IPVyDU-.

Luego de rubricar el convenio, el titular de este Máximo Tribunal ponderó la buena predisposición y el compromiso que encontró de parte de las autoridades del IPV, de la Comuna de El Bracho y del Poder Ejecutivo provincial en general, para trabajar en la elaboración del mencionado acuerdo. "Lo que estamos acordando en esta oportunidad es algo que estamos poniendo a disposición de la gente, de los vecinos de El Bracho y de otras zonas de influencia. Quiero destacar que desde la primera comunicación hemos podido avanzar sin ningún tipo de demoras ni impedimentos; al contrario, se nos ha facilitado todo lo que hemos necesitado", manifestó el Dr. Leiva, quien remarcó la “buena salud” que existe en la actualidad en la relación interinstitucional de los distintos Poderes del Estado: "Espero que las acciones que estamos realizando se sostengan en el tiempo, por el bien de los ciudadanos de la provincia".

El Presidente de la Corte hizo hincapié en la importancia de la Justicia de Paz como ámbito para generar justicia de cercanía en todo el territorio provincial, especialmente en las comunidades que se encuentran más alejadas de los Centros Judiciales. "Cuando hablamos de Justicia de Paz, tenemos que hacer una pausa justamente en la última palabra: paz. Estas estructuras fueron pensadas hace cien años justamente para mantener la paz, para generar justicia de cercanía. La finalidad es que los habitantes de toda la geografía provincial tengan un espacio institucional desde donde poder solucionar sus problemas, los pequeños y los no tan pequeños. Décadas después, esta composición de Corte, a partir de políticas judiciales que hemos adoptado y con el acompañamiento incondicional de los cuadros técnicos, las señoras y señores jueces de paz y también el resto de los magistrados, hemos podido volcar hacia la sociedad de manera más eficiente los servicios que necesitan", señaló.

Por su parte, el interventor del Instituto y el Ministro del Interior ponderaron las políticas de la Corte en relación al fortalecimiento del acceso a Justicia en las distintas localidades de nuestra provincia. Ambos destacaron la importancia de los juzgados de paz como espacios donde las personas pueden resolver sus problemas. “Estas políticas revalorizan el rol del Estado”, señaló Cabral. En ese mismo sentido, Monteros destacó al Poder Judicial como una institución cercana a la gente y definió a este convenio como una señal “del buen funcionamiento de las instituciones de la provincia”.

 La firma de este convenio responde al marco de las diversas acciones desplegadas para el fortalecimiento institucional de la Justicia de Paz, mediante las cuales la Corte impulsa procesos de adecuación edilicia que permitan garantizar el servicio judicial en todo el territorio provincial. En este contexto, el IPVyDU y este Alto Tribunal acordaron la cesión en comodato de una fracción de terreno de titularidad del Instituto, que cuenta con una superficie aproximada de 20 metros de frente por 43 metros de fondo. El terreno, actualmente sin edificación, fue considerado adecuado para la radicación del Juzgado de Paz en El Bracho, lo que permitirá avanzar en la territorialización del servicio de justicia y en el acercamiento institucional a la comunidad.