"Estamos realizando, quizás, la transformación más importante en la historia del Poder Judicial de Tucumán"

En una ceremonia realizada este mediodía en el Salón de Actos Públicos "Dr. Juan B. Alberdi" del Palacio de Tribunales, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Dra. Claudia Sbdar, inauguró el Año Judicial 2020. El acto estuvo presidido además por los Vocales, Dres. Antonio Estofán, Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos, y contó con la presencia del Ministro Público Fiscal, Dr. Edmundo Jiménez y del Ministro Pupilar y de la Defensa, Dr. Washington Navarro. Estuvieron presentes además el Presidente Subrogante de la Legislatura provincial, Dr. Regino Amado; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Dr. Rafael Francisco Gutiérrez; la Ministra de Gobierno y Justicia de la Provincia, Dra. Carolina Vargas Aignasse; y el Fiscal de Estado de la Provincia, Dr. Federico Nazur, así como magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Tucumán y de la Justicia Federal.

A través de un discurso  profundo en el que se destacaron los avances y desafíos dentro del Poder Judicial, Sbdar remarcó la necesidad de contar con jueces y juezas, funcionarios y funcionarias, "que vistan sus cargos con rostro humano y no con letra de molde en chapa de bronce; que estén dispuestos a prestar un servicio, a buscar soluciones a los problemas de hoy y no a dejar para otro momento la tarea". 

"Hoy, en mi condición de Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, estoy conmovida porque  estamos transitando el proceso de mayor transformación en el Poder Judicial de Tucumán, en el que son ustedes, Magistradas y Magistrados, los protagonistas, los artífices de un plan elaborado y conducido por esta Corte, cohesionado y fuerte, cuyo eje central es la reforma procesal penal y un nuevo proceso civil y de todo lo no penal", remarcó. 

Sbdar remarcó que los procesos de oralidad en el fuero civil y de la implementación definitiva del Nuevo Código Procesal Penal en la provincia  requieren de un fuerte compromiso humano, de la  independencia y transparencia del Poder Judicial y de un permanente proceso de capacitación.

Destacó también la actividad desarrollada por las Oficinas de Apoyo de la Corte, la política de desarrollo de un sistema informático propio (SAE) y el proceso de digitalización, la labor del Consejo Asesor de la Magistratura, la conclusión de importantes obras edilicias y la proyección de nuevas obras y la mejora tecnológica en la Justicia de Paz, entre otras.

Sobre el final de su discurso Sbdar afirmó: "Estamos cambiando el modelo de justicia  en la Provincia. Apuntamos a una justicia más humana y transparente. Si este nuevo modelo es internalizado y acompañado por todos los magistrados y magistradas, funcionarios y funcionarias, empleados y empleadas de todos los fueros que integran el Poder Judicial, podremos transmitir a la comunidad que estamos realizando, quizás, la transformación más importante en la historia del Poder Judicial de Tucumán, dotada de la cuota de legitimidad, imprescindible en todo cambio institucional".

El discurso completo está disponible en formato PDF en la sección "Novedades Judiciales" del sitio web del Poder Judicial (https://www1.justucuman.gov.ar/noticias/ver/discurso-dra-sbdar-apertura-ano-judicial-2020).

APERTURA AÑO JUDICIAL 2020

Discurso de la Sra. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

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A las autoridades recientemente mencionadas, señores magistrados y señoras magistradas de este Poder Judicial, muchas gracias por su presencia.

En nombre de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, les doy una cordial bienvenida a este Acto de Apertura del Año Judicial dos mil veinte.

La apertura del año judicial no es una mera formalidad. Cuando pensaba qué significa abrir un año judicial, cuál es su importancia y el significado de este acto que cada año nos convoca, advertí que es una oportunidad para objetivar, comprender y transmitir el proceso que venimos transitando, nuestras continuidades y rupturas respecto de los diferentes horizontes institucionales que se asoman. 

La tarea  de administrar justicia, garantizando el acceso a la jurisdicción, tiene un componente infranqueable: el factor humano. 

Ninguna sentencia es una ecuación, ningún juzgado, una máquina de producir fallos, no hay calculadora de justicia. Las personas que prestamos el servicio de justicia somos una pieza clave de la organización social, entonces no es solo cuestión de contar con más computadoras, sino de nuestro compromiso  con la función judicial, nuestro deseo de trabajar cada vez mejor y de dar respuestas eficientes a la comunidad.   

Con esto quiero decir que la apertura del año judicial es un espacio de autoafirmación y compromiso, porque somos nosotros: jueces y juezas, funcionarios y funcionarias, empleados y empleadas, el factor constitutivo y de transformación de la Institución.

Es entonces que quiero que estas palabras se registren como una actualización, de nuestro compromiso colectivo con una tarea suprema, de nuestro profundo deseo de responder al reclamo de la sociedad, que necesita pruebas contundentes y tangibles de que somos una Institución que puede estar a la altura de sus expectativas, brindando la respuesta justa y oportuna que ella se merece. 

Permítanme decirles y perdonen el sentimentalismo, que hoy, en mi condición de Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, estoy conmovida porque  estamos transitando un proceso de cambio, el proceso de mayor transformación en el Poder Judicial de Tucumán, en el que son ustedes, Magistradas y Magistrados, los protagonistas, los artífices de un plan elaborado y conducido por esta Corte, un plan cohesionado y fuerte, cuyo eje central es la reforma procesal penal y un nuevo proceso civil y de todo lo no penal.  

Se trata de un proyecto colectivo de progreso, de modernización, y, por lo tanto, de cambio. Pero reitero, este proyecto de modernización que nos ilusiona no es un cambio simplemente procedimental y tecnológico. El mismo tiene sentido si lo sentimos y lo pensamos como instrumental al servicio de justicia, a la función esencial y trascendente de administrar justicia. Allí está nuestra vocación, nuestro compromiso con la sociedad.

En el ejercicio de la función judicial debemos recordar que “El poder judicial está para custodiar el cumplimiento de la Constitución y para garantizar los derechos de cada uno”. Los jueces no gobiernan ni deben gobernar. La función judicial es dictar sentencias, es poner límites y, como dije, es proteger a los habitantes de esta Provincia.

En otras palabras, se trata de cumplir con el mandato preambular de afianzar la justicia, de construir un poder judicial fuerte e independiente, que asegura los derechos de los habitantes de la Provincia.

En este punto, como Presidenta de esta Corte, quiero también decirles que en la tarea de afianzar la justicia es muy importante recuperar y tener siempre presente el valor de las Justicias provinciales, ámbito donde tramitan y se resuelven casi el noventa por ciento de las controversias entre los habitantes del país, y no en el fuero de excepción federal. Si la Constitución expresa la identidad cultural de cada comunidad y, por otra parte es una verdad indiscutible que, en la mayoría de los casos existe diversidad de identidades hacia el interior de cada Estado, parece claro que la Constitución y el orden jurídico de una federación han de asumir el multiculturalismo y, por ende, también debe hacerlo una administración de justicia auténticamente federal.   

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La modernización del Poder Judicial surge de la realidad misma del proceso civil y del proceso penal, que se presenta compleja y reclama soluciones. Los ordenamientos procesales no sólo han envejecido, sino que resultan una sumatoria de reformas, parches o remiendos. Estamos ávidos de cambios, y es nuestro compromiso, junto a los otros poderes del Estado provincial, llevar a buen puerto las reformas procesales en marcha.  

Pero cambiar la letra de una norma no cambia por sí los hábitos de los operadores judiciales. Necesitamos jueces y juezas y funcionarios y funcionarias presentes, que vistan sus cargos con rostro humano y no con letra de molde en chapa de bronce; que estén dispuestos a prestar un servicio, a buscar soluciones a los problemas de hoy y no a dejar para otro momento la tarea.  

Hemos escuchado reiteradamente cuando con acierto se explica que Argentina permanece aferrada a procesos judiciales caracterizados por la falta de inmediación entre el juez o jueza y las partes, la delegación de funciones, la ausencia de concentración de sus distintas fases, la escasa publicidad y el predominio de la escritura como práctica habitual de los actos del proceso. Esas características influyen sobre su bajo nivel de eficiencia, medido en términos de duración razonable, costo sustentable y capacidad para producir decisiones justas. 

El Código Procesal Civil vigente significó en su momento una adecuación al Código Procesal Civil de la Nación. Esa reforma tuvo como principal objetivo posibilitar un desarrollo del proceso civil más ágil  y ordenado. Se acentuó la actuación del juez como director del proceso y se agilizaron los procedimientos. Si bien la ley 6176 significó un avance en el escenario procesal civil de 1991, esa ley, sin dudas, ha cumplido un ciclo, y muchas de las promesas que la misma  ofrecía no han llegado a concretarse.

El proyecto de un nuevo Código Procesal Civil y Comercial surgió del seno de la Comisión Interpoderes para el Estudio de la Reforma de los Procesos Civil y Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo y Régimen de la Justicia de Paz luego de tres años de arduo trabajo. Dicha Comision se constituyó en abril de 2016 con los representantes de los tres Poderes del Estado, las Universidades, los Colegios de Abogados y el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas.

Concluidas las bases, la Comisión de Redacción presentó, en septiembre pasado, el Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial al pleno de la Comisión Interpoderes. Actualmente, el proyecto cuenta con dictamen favorable de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales y de Legislación General de la Legislatura provincial.

Un proceso civil moderno requiere de un cambio radical del rol del juez/a y de las partes. Son partícipes activos de un proceso de conocimiento por audiencias definido por la oralidad, publicidad, inmediación y concentración de actos procesales.  Supone un sistema procesal que confiere previsibilidad para la adecuada asignación de recursos. Apunta a fortalecer las decisiones de primera instancia, minimizar el abuso de los recursos y tornar ejecutable provisionalmente lo decidido, sin perder de vista la importancia de otras vías de solución de controversias. Prevé tutelas urgentes; ello permite hablar de un sistema articulado, multi-puertas y flexible. Incorpora la tecnología de la información y la comunicación con el expediente digital, que se integra con presentaciones electrónicas, notificaciones electrónicas, firma digital y videograbación de audiencias.

El sistema procesal penal que pronto habremos de dejar atrás en forma definitiva, representa el fuerte arraigo a la escrituralidad a lo largo de su desarrollo para permitir, recién, en el debate de juicio la consumación cabal de la inmediación que posiciona casi por primera vez al juez o jueza que dicta la sentencia del caso, frente a las partes.

Un código procesal penal moderno en el que prevalece la oralidad sobre la escritura cambia automáticamente el rol del juez/jueza que entra en contacto directo con las partes y se humaniza la justicia. La concentración y la inmediatez, aspectos inherentes a la oralidad, aumentan las facultades del juez/jueza para buscar la verdad, reduce formalismos y acorta tiempos procesales.  Alli se inscribe el modelo del Nuevo Código Procesal Penal, basado en la separación de la función de juzgar y la de investigar y acusar, de plazos breves, y en el que las decisiones se toman en audiencias, utilizando un lenguaje fácilmente comprensible.  En nuestra provincia recién con la reforma de 1991 se implantó el juicio oral, aportando notas de transparencia, frente a un proceso penal secreto y retrógrado como el que estaba vigente en esos días. Sin embargo, tuvo que enfrentar una acérrima resistencia de un foro judicial formado en otro sistema, reticente y hasta frontalmente opuesto a la transformación.   Es en este estado de cosas que se nos presenta la posibilidad de contar por primera vez con un proceso penal democrático, acorde con las exigencias de celeridad y simplicidad que nos imponen los instrumentos internacionales de derechos humanos.  El Nuevo Código Procesal Penal de Tucumán, Ley 8933, representa uno de los cambios de enfoque más profundos que haya transitado el Poder Judicial provincial en los últimos 30 años. Expresa una nueva concepción en la administración de justicia en la que los principios de publicidad, plazo razonable, transparencia, accesibilidad, igualdad y eficiencia, con el auxilio de las nuevas tecnologías, procura brindar una respuesta eficiente al conflicto de carácter penal. 

El 6 de mayo de 2019 la nueva ley procesal penal entró plenamente en vigencia en el Centro Judicial Concepción, y a partir del 4 de mayo de 2020, se la aplicará en los Centros Judiciales de la Capital y Monteros.   

Este proceso de implementación se viene desarrollando a través de un trabajo coordinado con el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

La oralidad, implementada en un proceso penal por audiencias, con inmediación y concentración, transforma un sistema lento e ineficiente en uno más ágil, sencillo y accesible. El vocabulario judicial de los procesos escritos, anticuado y complejo, se transforma en uno comprensible para el público. Implica un desafío mucho más profundo que el abandono del papel, se trata de romper un modelo de justicia caracterizado por un juez/a distante, invisible e indiferente a las consecuencias de su resolución.

Actualmente se habla de un juez o jueza con responsabilidad social y compromiso con la realidad, que toma iniciativas para desentrañar la verdad real de los hechos y dar una solución justa al litigio que haga realidad el derecho prometido por los códigos de fondo a las personas y así se anime a prevenir situaciones injustas. Es que la Constitución Nacional no es una mera enumeración de buenas intenciones sino un conjunto de normas operativas que sirven para fundar resoluciones concretas de conflictos que no pueden desconocerse aunque no haya ley o la contradiga. 

En este contexto, la implementación de nuevos ordenamientos procesales requiere, como premisa fundamental, un esfuerzo notable en orden a la capacitación adecuada, inicial y continua, de todos aquellos llamados a participar, de una u otra forma, en el proceso judicial. Capacitación y formación que no puede quedar limitada estrictamente a los integrantes del Poder Judicial, sino que debe implicar, igualmente, al resto de los operadores jurídicos. Lo esencial, en este caso (como en el de todos aquellos que suponen una transformación del sistema de semejante envergadura) sería alcanzar un verdadero cambio cultural, esto es, de mentalidad en todos los participantes en el proceso, que conduzca realmente a un nuevo modo de impartir justicia. Se precisa entonces de jueces y juezas y de abogados y abogadas adecuadamente preparados. 

Esta sustancial reforma nos permitirá pasar de una justicia  escrita a una justicia oral, dirigida a impactar en beneficio de los habitantes de la provincia. 

Conscientes que todo camino nuevo que se emprende presenta dificultades, habremos de estar dispuestos a revisar todos los aspectos que sean necesarios para alcanzar tal objetivo.

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Un radical cambio procesal exige redoblar el compromiso para consolidar un Poder Judicial fuerte, autónomo, independiente, apto para proteger los derechos y garantías de todos los habitantes de la provincia, y poner límites a los poderes de toda índole, cumpliendo así su rol fundamental en la construcción de un Estado Constitucional de Derecho. 

En tal sentido, entre los “Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura” de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1985, se establece que el de la independencia autoriza y obliga a la judicatura a garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho, así como el respeto de los derechos de las partes”. Es que la justicia independiente sirve para que el ciudadano tenga confianza en sus instituciones, tenga la seguridad de que siempre va a haber un juez, una jueza imparcial que protegerá sus derechos.   

El principio de independencia del Poder judicial ha sido reconocido como “costumbre internacional y principio general de derecho” y está previsto en numerosos instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 10), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 14), Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 (Párrafo 27), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 8.1), entre otros.  La independencia judicial es un presupuesto indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso en tanto derecho humano y su ausencia afecta el ejercicio del derecho de acceder a la justicia, aparte de generar desconfianza y hasta temor, que lleve a no recurrir a los tribunales. 

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Queremos una justicia transparente en sus procedimientos. Allí se fundamenta el principio de la oralidad. Pero no solo los procesos deben ser transparentes, sino que todo el quehacer de este Poder del estado debe estar al alcance de la comunidad. Por eso, esta Corte ha venido tomando medidas concretas que apuntan a que se sepa qué es lo que estamos haciendo. Así es que todas las Acordadas de la Corte y las resoluciones de Presidencia se encuentran a disposición para ser consultadas en la página  web del Poder Judicial. Lo mismo ocurre en cuanto a la ejecución presupuestaria.

Cabe destacar que por Ley N° 9213 de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, se aprobó el otorgamiento de fondos destinados al funcionamiento de las dependencias judiciales. 

La ejecución de los créditos asignados, se realiza según las disposiciones de la Ley de Administración Financiera Nº 6970, esto es, sujeta a un control preventivo, otro concomitante y uno posterior, según lo dispuesto por el art. 124 y concordantes de la citada ley. 

Todas y cada una de las ejecuciones presupuestarias de los fondos asignados al Poder Judicial se efectúan mediante el acto administrativo correspondiente (Acordadas, Resoluciones de Presidencia o Resoluciones administrativas) según la normativa vigente (Ley de Administración Financiera 6970, Ley de Obras Públicas 5854, Decreto Acuerdo Nº 22/1-2009 y Acordada  nº 495/15) y se publican en la página web del Poder Judicial. 

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En este contexto de profundos cambios estructurales que está atravesando nuestro Poder Judicial, el desafío es hacer una apropiación humanizante de la modernización, oralización y digitalización de los procesos judiciales. Se trata de tomar lo mejor que ofrecen las nuevas tecnologías  para obtener resultados valiosos en términos cualitativos, como respuesta a necesidades de la comunidad que acude a los Tribunales en busca de una solución razonable y oportuna de sus conflictos. 

Esto implica una apuesta a la innovación en la ejecución de los esquemas de renovación del sistema de justicia, destacándose el rol  de las oficinas de apoyo de la Corte, como la Dirección de Recursos Humanos, Oficina de la Mujer, Oficina de Violencia Doméstica, Oficina de Derechos Humanos, de Asistencia a la Víctima, Dirección de Comunicación, de Ceremonial y la Oficina de Coordinación Estratégica de Planificación y Gestión, de la que dependen la Oficina de Planificación Estratégica, la de Gestión Judicial, la de Atención al Ciudadano y la de Digitalización, la Dirección de Informática Jurídica y la de Sistemas, la Biblioteca y el Archivo, oficina de coordinación que trabaja bajo la supervisión del señor vocal doctor Daniel Leiva.

Estos cambios no son la mera oralización de procesos y la incorporación de sistemas e instrumentos modernos, sino qué hay un insoslayable componente humano. Así como la revolución industrial no implicó sólo la aparición de la máquina de vapor, sino que hizo surgir una nueva manera de producir, provocando una reorganización laboral, en nuestro Poder Judicial sucede algo similar: hay un cambio en la lógica del trabajo,  cambia la cultura de los trabajadores: un scannner y audiencias videograbadas no funcionan sin una profunda internalización por parte de magistrados/magistradas, funcionarios/funcionarias y empleados/empleadas. Se trata de implementar los nuevos códigos bajo una mirada progresista que rompa con las inercias institucionales, que apueste a la fuerza instituyente de lo nuevo para potenciar aquellas prácticas que hacen a la calidad y excelencia del servicio.

El compromiso de jueces y juezas, funcionarios y funcionarias, y empleados y empleadas en los cambios que se avecinan es esencial. Los artefactos no devienen fundamentales sin el factor humano que comprenda de qué se tratan los nuevos paradigmas que sustentarán las innovaciones organizacionales. Y esto no se logra automáticamente a partir de una resolución de Presidencia o de una acordada de la Corte, sino que debe hacerse un habitus, como diría Bourdieu,  en cada agente, esto es, una forma de sentir, pensar y actuar que se hace cuerpo.

Desde el año 2015 la Corte Suprema viene desplegando una política de desarrollo de un sistema informático propio. En ese marco, la Dirección de Sistemas programó un nuevo software de gestión judicial (SAE), aprobado por esta Corte mediante Acordada  640/15, que a la fecha se encuentra operativo en casi la totalidad de las unidades jurisdiccionales de los cuatro centros judiciales. Con el dictado de las Acordadas 798 y 917 de 2019, se incorporaron las notificaciones digitales en todas las unidades del Poder Judicial de Tucumán donde está operativo el SAE. Además, la Dirección de Sistemas completó el desarrollo de ingreso de escritos digitales vía web. A partir de diciembre se implementó además el otorgamiento de la firma digital para abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia.

Quiero destacar que en el proceso de modernización  digital resulta inestimable la colaboración y el trabajo coordinado con  los Colegios de Abogados de la Capital y del Sur. 

Esta profundización del uso de la tecnología da cuenta de que el Poder Judicial ha aceptado la necesidad de un cambio cualitativo en la organización de los procedimientos internos de trabajo, procurando así modificar la cultura institucional, basada en el uso del papel. Hoy por hoy, no se puede ignorar que la sociedad se encuentra atravesada por el uso de la informática: internet, prensa electrónica interactiva, videoconferencias y plataformas virtuales, entre otras cosas, son prácticas habituales.

Debemos advertir la importancia de los aspectos relacionados con la gestión. La gestión, en el sentido de cómo hacer que nuestro sistema judicial se oriente hacia las decisiones más que hacia las tramitaciones. No se puede administrar un juzgado con una enorme cantidad de causas por más empleados y computadoras que se tenga. Entonces, necesitamos fortalecer los puestos de decisión e incrementarlos. Y esto significa más jueces y juezas. 

Allí cobra primordial importancia la labor que viene desarrollando el Consejo Asesor de la Magistratura, presidido a partir de noviembre pasado por la señora vocal, Dra. Eleonora Rodríguez Campos, y hasta esa fecha por el señor vocal decano, Dr. Antonio Estofán, que en el año 2019 concluyó 25 concursos y elevó las respectivas ternas al Poder Ejecutivo. Asimismo, a la fecha se encuentran en trámite treinta y nueve concursos. Veintisiete corresponden al Centro Judicial Capital, nueve al Centro Judicial Concepción y tres al Centro Judicial Monteros.

No menos cierto es que el aspecto edilicio resulta fundamental para brindar un adecuado servicio de Justicia. En este punto debemos destacar la finalización de la obra “Edificio Tribunales II y Anexo”, bajo la supervisión del Dr. Antonio Estofán, inaugurado el 6 de diciembre de 2019; asimismo que se halla en ejecución la obra “Adecuación Funcional del edificio del Fuero Penal para la implementación del nuevo Código Procesal Penal”, que generará espacios para las nuevas dependencias. Con el objetivo de facilitar el acceso a la jurisdicción, es nuestro propósito sumar un edificio anexo al Centro Judicial de Monteros que permita adecuar la estructura edilicia a la oralidad de los nuevos procesos penal y civil. Y en esa perspectiva se inscribe también el anhelo de instalar un edificio judicial multifuero para el Centro Judicial del Este. 

También en este aspecto, y teniendo en cuenta que el arte no resulta ajeno al espacio público, se llamará a un concurso nacional para seleccionar un proyecto de intervención artística en el sector de cúpula y/o muros del hall central del segundo piso del Palacio, que es sede de esta Corte Suprema desde el año 1939, edificio cuya construcción fue también el fruto de un concurso nacional  de anteproyectos ganado por el arquitecto Francisco Squirru. Nuestro Palacio de Justicia amalgama Art Déco, clasicismo y racionalismo  y es nuestro deseo que la intervención artística que proyectamos exprese las notas configurativas del sistema de justicia de la provincia. 

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Es también pertinente hacer foco en la relación del poder judicial con la sociedad. Ya mencioné que es necesario que la ciudadanía vea, observe y verifique qué es lo que hacemos, el trabajo que realizamos. Es importante que se sepa que “afianzar la justicia” no es una labor excluyente de los Poderes Judiciales, sino que es una construcción de toda la sociedad. Debemos tener presente que nuestra tarea es para la comunidad. Esto no significa tomar decisiones en función de lo que piensa la mayoría, sino ajustadas a derecho. Pero, claro está, también debemos percibir, como lo ha dicho la Corte nacional, el sentimiento general de la sociedad. Es que los tiempos que corren reclaman que el servicio de justicia vaya hacia quienes lo necesitan y demandan, asumiendo un rol activo en contraposición con la pasividad tradicional, basada en la errónea concepción de suficiencia de la igualdad formal de las personas para defender sus derechos. 

En este orden, resulta esencial el funcionamiento de la Justicia de Paz en el territorio provincial, que garantice los principios de inmediatez, informalidad, celeridad, accesibilidad y economía  procesal, como también la progresiva implementación de la Justicia de Paz Letrada en Tucumán. En 2019 instalamos Internet en cincuenta y cinco Juzgados de Paz. Solamente diecinueve juzgados no cuentan con el servicio debido a la dificultad de conectividad en las respectivas zonas. Asimismo, bancarizamos el sistema de movilidad para las mandas judiciales a cumplirse en los Juzgados de Paz, y se crearon tres nuevos juzgados de Paz Letrados, que suman ahora nueve.

Escuchar a la sociedad es contar con la Oficina de Atención al Ciudadano. Es una oficina Multipuertas que constituye el primer acceso a la Justicia que tiene el usuario. Brinda servicios de asesoramiento, orientación y derivación. La dependencia responde a políticas de acceso a la Justicia en el marco de las Reglas de Brasilia a las que adhirió nuestro poder judicial mediante Acordada 515/13.

Se escucha a la sociedad también cuando se brinda capacitación al personal del Poder Judicial en perspectiva de género. Desde el año 2011 la Oficina de La Mujer viene realizando talleres en base a protocolos validados por Naciones Unidas, con el objetivo de que todo el personal del Poder (jueces, funcionarios y empleados) adquiera herramientas que le permita en su práctica cotidiana dar a los usuarios y usuarias del servicio de justicia, una respuesta ajustada a los instrumentos internacionales suscriptos por el Estado argentino. 

En esa línea la Oficina de la Mujer de Tucumán registra 2390 personas capacitadas en perspectiva de género. En el 2020 además de las capacitaciones presenciales en todos los Centros Judiciales de la provincia, se implementará la formación a través del aula virtual en coordinación con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No cabe perder de vista que lo que hagan y digan las y los funcionarios de la administración de justicia integra la dinámica de producción y reproducción de posibles actos de discriminación que afectan a mujeres y a hombres.   

Mi generación y la de la mayoría de los aquí presentes fuimos educados en un marco cultural y simbólico muy distinto al actual. Como se ha dicho, hay que pensar a esta década que hemos transitado y a la que empieza como “un momento bisagra donde el Estado tiene que jugar un papel fundamental y comprender que los cambios sociales vienen de abajo hacia arriba. Esto nos desafía a genera una política pública judicial que abrace la fuerza de lo nuevo para erradicar de una vez la vulneración de derechos humanos y, entre estos, los de las mujeres.

En atención a las obligaciones internacionales que asumió el Estado Argentino y como una forma más de brindar respuesta a la violencia de género, esta Corte creó en 2009 la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) dentro del Poder Judicial. Desde su creación, la OVD ha atendido aproximadamente a 33.500 personas en sus  oficinas de Capital,  Concepción, Monteros, Banda del Río Salí y Trancas.

También la comunidad es escuchada por este Poder Judicial a través de la tarea desarrollada por la Oficina de Derechos Humanos, con el objetivo  de “impulsar la defensa y  vigencia de los derechos humanos en el ámbito del poder judicial” y “coordinar y articular actividades con otros organismos estatales y ONGs vinculadas a la defensa de los derechos humanos”.

Hemos realizado con las Facultades de Derecho de nuestro medio diversas actividades en el plano de la capacitación, y ello es fundamental porque los cambios procesales que estamos comenzando deben necesariamente trasladarse a las currículas. En este sentido, el nuevo plan de estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán ya está incorporando la impronta del cambio procesal en sus Cátedras.

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El proceso de transformación que estamos iniciando se ve fortalecido por el plan de capacitación que vino desarrollando el Centro de Especialización y Capacitación Judicial (CECJ), actualmente a cargo del Sr. Vocal Dr Daniel Posse. 

Durante 2019, 9450 personas han asistido a las 96 Capacitaciones de actualización abiertas a la comunidad. En ese mismo período, 2180 empleados judiciales han asistido a los 17 cursos y talleres de formación continua y obligatoria. Se han llevado a cabo tres carreras de Posgrado en convenio con las universidades Austral, de Buenos Aires y de Bolonia, a las que han concurrido y concluido 241 personas. Es decir que durante 2019 la capacitación ofrecida por nuestro Poder Judicial ha sido recibida por más de 11500 personas. Son cifras históricas que esperamos profundizar en calidad y cantidad este año Este año 2020 comenzará la oferta de cursos virtuales en una plataforma de desarrollo propio, lo que significa un aumento de las oportunidades educativas para todos los agentes del poder judicial de Tucumán.

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Todas las circunstancias hasta aquí expuestas, llevan a esta Corte a redefinir su política judicial.

Estamos cambiando el modelo de justicia  en la Provincia. Apuntamos a una justicia más humana y transparente. Si este nuevo modelo es  internalizado y acompañado por todos los magistrados y magistradas, funcionarios y funcionarias, empleados y empleadas de todos los fueros que integran el Poder Judicial, podremos transmitir a la comunidad que estamos realizando, quizás, la transformación más importante en la historia del Poder Judicial de Tucumán, dotada de la cuota de legitimidad, imprescindible en todo cambio institucional.   

Las reformas en marcha no implican,  como alguien  podría pensar, que necesitamos una gran cantidad de funcionarios y funcionarias y empleados y empleadas más. Sí, en cambio, el nuevo modelo basado en la oralidad, requiere de más jueces/juezas, que están llamados a ser protagonistas de este estructural proceso de transformación que hemos iniciado.

Un cambio que no será automático ni mágico. Un cambio que tendrá sus soles y sus bemoles, sin duda. Somos conscientes de este desafío y lo tomamos. Esta Corte trabaja en forma unida y cohesionada, día a día, para afrontarlo con éxito.

El modelo judicial que anhelamos se sustenta en acuerdos políticos, previsión presupuestaria, planificación urbanística y edilicia, desarrollos tecnológicos, adecuación de los planes de estudio universitarios, rediseño de la oficina judicial, entre otros aspectos. Pero todo se preordenaría al fracaso si este compendio de esfuerzos multidisciplinario no estuviere inspirado y dirigido al bienestar y progreso general. 

Debemos recuperar esta idea de que cada decisión de política judicial que tomamos es parte de la construcción de la sociedad. Estamos aportando al sueño colectivo. Y para ello debemos tener uno propio, debemos saber emocionarnos, seguir comprometidos con la justicia, el derecho y estar enamorados de lo que hacemos. 

Los poderes judiciales, así como los pueblos, no son grandes por los recursos que tienen, o los edificios fastuosos, o las computadoras. Son grandes por la convicción de los hombres y mujeres que lo integran. Si tenemos esas convicciones nada es imposible. Quiero terminar con algo de Max Weber: lo posible en este mundo sólo se puede hacer si uno va siempre buscando lo imposible. Es así: uno debe buscar lo imposible, lo que quiso hacer en la vida, lo que soñó en la facultad de Derecho, lo que sonó cuando formó una organización no gubernamental. Esas luchas son valiosas, no debemos censurarlas, son importantes, aportan a la escritura de toda la historia social. Es eso lo que hace que nosotros tengamos un futuro. Buscar entonces lo imposible, si se fracasa volver a intentarlo, es algo que nos da sentido. Tenemos muchísimos ejemplos en la historia, algunos más lejanos otros más recientes, de personas que han luchado contra todo sin tener nada a favor. Sin embargo esa debilidad del contexto, de los recursos, fue sustituida por la grandeza de corazón, por las convicciones. 

Es esa grandeza de corazón, son esas convicciones las que necesitamos de todos ustedes para que juntos alcancemos una Justicia mejor.

Finalmente quiero agradecerles la tarea cotidiana, la pasión de todos los días, e invitarlos a redoblar esfuerzos en 2020 para transitar, unidos, el cambio. 

Declaro así, inaugurado el año judicial 2020.